Federico Berrueto
La mofa de la presidenta Sheinbaum sobre los chavorrucos aludiendo por su nombre al expresidente Vicente Fox y otros opositores, de Luisa María Alcalde, dirigente de Morena y de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, revela que la mayor preocupación del régimen es que los jóvenes estén en contra. Tienen razón, muchos de ellos hacia allá van y debe preocuparles porque es indicativo del incierto futuro del proyecto político obradorista. El consenso es frágil porque su fundamento ha sido manipular emociones y el clientelismo electoral que, como sucedió con el PRI, tiene corta vida porque la gratitud muda con facilidad en exigencia, en derecho creado. La impunidad está probando ser el factor de desencuentro con el régimen.
A diferencia de las manifestaciones de la marea rosa ahora sí estuvieron presentes los jóvenes. Importante es que el proyecto político se ha agotado en su capacidad de presentar una cara justiciera a partir de la lucha contra la corrupción y una mayor equidad social. Las estadísticas poco importan, incluso las de recuperación del salario. Los jóvenes viven su propia realidad y advierten que el trabajo informal es lo que está al alcance, además de la extorsión que padecen muchos pequeños negocios.
Nadie ve por los jóvenes porque hay una ruptura conceptual y emocional con los mayores, no se diga de los políticos, los gobernantes o quienes suscriben un partido político. Nada hay en el régimen de gobierno que pueda generar adhesión; incluso las mismas pretensiones de origen del obradorismo son cuestionadas por la realidad: la corrupción es peor que en el pasado; la criminalidad y la violencia se han extendido; el ostensible deterioro del medio ambiente; la educación dejó de ser vehículo para la movilidad social, y la salud, la vivienda o el empleo digno se alejan del horizonte. La esperanza sólo está en el discurso oficial y las becas no dan para tanto.
No queda claro qué les diga a los jóvenes la lucha contra la impunidad, causa del Movimiento del Sombrero y que concurrió como convocante de la marcha. Sería muy alentador que el país en su diversidad regional, social, política o generacional se unificara bajo la consigna de que la prioridad es acabar con la impunidad, lucha en la que, hasta ahora, el gobierno está del otro lado de la acera. No sólo por su torpe rechazo a la marcha, sino porque cada vez es más evidente su complacencia para llevar a la justicia a quienes desde el poder político se han coludido con criminales o han migrado hacia la delincuencia, como ocurrió con el contrabando de combustibles, originado en autoridades federales responsables de aduanas, Pemex y de la vigilancia en el trasiego y distribución de gasolinas y diésel.
Desde el poder obradorista, la lucha contra la impunidad suele asociarse a la ultraderecha, incluso intelectuales orgánicos del régimen, aun después del asesinato del presidente de Uruapan, afirmaban que Carlos Manzo era un Bukele en ciernes. A esto ha llegado el régimen político, ubicar en el espectro de la ilegitimidad la lucha por la legalidad y la justicia. Acabar con la impunidad, se trata como una amenaza mayor y eso impacta la percepción sobre la autoridad y, eventualmente, el voto.
La edad de los marchantes cobra relieve a partir de la disputa por el futuro. El gobierno ha transitado a la agresión y la mentira. Los objetivos originarios del movimiento del obradorismo que son la equidad social y la lucha contra la corrupción permanecen vigentes, pero el régimen ha perdido credibilidad y, por lo mismo, capacidad para convencer, sumar o ganar. Saben que el futuro se les está saliendo de las manos y, como en otros momentos es cuestión de tiempo para que lo que ahora existe sea visto no sólo como una oportunidad perdida, sino traición a lo comprometido. La pérdida de los jóvenes tiene un enorme poder simbólico en la formación del consenso.
Nuevamente un colectivo de jóvenes convoca a otra concentración para el 20 de noviembre, que habría de concurrir con el desfile que conmemora a la Revolución, tradición a cargo de las fuerzas armadas. La libertad de asociarse, reunirse y manifestarse no tiene condicionantes y como tal les asiste el derecho a marchar. Nada que ver con la presencia de grupos de choque funcionales al régimen en su necesidad existencial de descalificar y calumniar a los manifestantes que le repudian, jóvenes y no jóvenes.
