Michoacán abre paso a la lucha contra la impunidad. Un argumento irrefutable y en muchas partes del país, fundamental para las personas y sus familias
Federico Berrueto
Michoacán ha sido la prueba de ácido de todos los presidentes. Antes, las consideraciones eran de carácter político, lugar de origen del general Cárdenas y de Cuauhtémoc, el primero, mandatario emblemático del presidencialismo y de la política social. Supo lidiar con el exterior y sacó la mejor parte al rescatar los recursos naturales bajo un sentido soberanista. Muchos años después su hijo Cuauhtémoc heredaría el sentido de lucha y aunque la democracia nunca estuvo presente en los objetivos del padre, la elección de 1988 representa el momento más relevante en el agotamiento del régimen autoritario e inicio del proceso de reformas sucesivas que habrían de llevar al país a la democracia.
Con el tiempo, Michoacán plantea otro tipo de desafío: el embate del crimen organizado. El presidente Calderón, con el respaldo del entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general Cárdenas, optó por una respuesta enérgica al crimen con el uso de las Fuerzas Armadas. Las policías locales y las autoridades civiles estaban superadas por el asedio de los delincuentes vinculados al narcotráfico. La respuesta presidencial no dio los resultados esperados y en perspectiva fue una derrota. Seguramente hubiera sido peor si Calderón hubiera adoptado la política de abrazos, no balazos.
Lo de ahora no solo es el narcotráfico que compromete la soberanía nacional por el hartazgo del vecino del norte ante la complacencia o impotencia de las autoridades para abatir el tráfico de drogas y especialmente el fentanilo. El secuestro y detención de El Mayo Zambada fue mensaje de que las autoridades norteamericanas actuarían por su cuenta si el gobierno mexicano persistiera en virtual complicidad.
Al narcotráfico hay que agregar la descomposición del Estado nacional por la corrupción que ha alcanzado hasta a las Fuerzas Armadas, incluso a la Marina considerada la institución más eficaz y honorable del sistema de seguridad. El contrabando de combustibles muestra la corrupción sistémica del régimen por su derivación en el financiamiento electoral y su vinculación con el crimen organizado.
Con la extorsión el problema de la inseguridad se ha agravado considerablemente. El crimen se hace de una fuente de ingresos mayor a la del narcotráfico o el tráfico ilegal de migrantes. La extorsión en Michoacán y en muchas partes del país llega a todos los negocios, indicativo de un amplio ejército de extorsionadores violentos y de una mayúscula generación de ingresos, como también es la importación ilegal de combustibles que llega a una cuarta parte de lo que se consume en el país.
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan ha encendido la llama de la indignación por el abandono del Estado mexicano ante el problema de la extorsión. El llamado del alcalde para que intervinieran las autoridades nacionales y el ostensible desdén presidencial ahora cobra elevada factura. Michoacán se desestabilizó y solo el Movimiento del Sobrero, ahora encabezado por Grecia Quiroz y cercanos a Manzo, tienen el poder de reestablecer un nuevo equilibrio, que implica que los criminales sean sometidos a la justicia penal, así como las autoridades coludidas con ellos. Un asunto que habría de resolverse con la renovación del ejecutivo local.
La marcha del pasado sábado 15 de noviembre es indicativa del agotamiento del gobierno nacional en su capacidad de controlar y conducir el conflicto social. El intento de desacreditar la marcha fue un error y no menos la respuesta ulterior. La propaganda no puede suplantar a la política por lo explosivo de la situación. La marcha, a diferencia de las anteriores recientes, no tuvo orden en la organización ni siquiera en la convocatoria, pero fue auténtica y quienes marcharon al menos merecían el respeto por las autoridades, las que escogieron estar del otro lado de la causa y eso traslada la política a un terreno inédito, porque la lucha contra la impunidad tiene efectos desastrosos para el régimen, así como en su momento fue el tema de la corrupción para los gobiernos anteriores al de López Obrador.
Michoacán abre paso a la lucha contra la impunidad. Un argumento irrefutable y en muchas partes del país, fundamental para las personas y sus familias. Lo menos relevante del sábado es que a pesar del descrédito promovido desde el gobierno fueron muchos los que marcharon; lo de menos es la edad, condición social o política de los asistentes. Lo más importante es la causa, esto es, la lucha contra la impunidad y la fuerza de su vigencia que a muchos convoca y a todos alcanza, marchen o no, y que cobró relieve con el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán.
