Francisco Treviño Aguirre
Nearshoring para pocos: La realidad detrás de los indicadores del IMCO 2025
Este año, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó la edición 2025 del Índice de Competitividad Estatal (ICE), un instrumento que evalúa la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión. Esta herramienta arroja algo que muchos prefieren no ver: México es más un mosaico de territorios que un bloque homogéneo, y los estados avanzan a velocidades muy distintas. El ICE 2025 agrupa 53 indicadores en varios subíndices: innovación y economía, infraestructura, mercado de trabajo, sociedad y medio ambiente, derecho y sistema político y gobiernos, para evaluar la competitividad estatal.
El ranking revela que entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes se encuentran en los primeros lugares, lo que evidencia una combinación de infraestructura, instituciones, capital humano y capacidad para integrarse a cadenas globales de valor. En cambio, entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas se ubican en la zona inferior del ranking, lo que refleja rezagos persistentes en conectividad, productividad y capacidad institucional.
La distribución de la inversión extranjera directa (IED) incorpora precisión cuantitativa a esta desigualdad territorial. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), durante el periodo enero-junio de 2024, el 45.61% del total de IED se concentró en la Ciudad de México, mientras que otros estados se ubicaron lejos de esa cifra: Nuevo León captó 7.41%, Baja California 5.82%. A nivel nacional, los datos de cierre de año muestran que México registró 36,872 millones de dólares de IED en 2024, un incremento de 2.3% respecto al año anterior. Esta concentración implica que gran parte de los recursos globales de inversión se dirigen a unos pocos estados, reforzando su ventaja competitiva y profundizando la brecha territorial.
En el ámbito del PIB per cápita, estados como Campeche alcanzaron alrededor de 614,200 pesos, la Ciudad de México 539,069 pesos, mientras que entidades del sur como Chiapas o Oaxaca se encuentran significativamente por debajo de la media nacional. (Dato estimado conforme al PIB per cápita por entidad federativa) Esta diferencia de ingresos se corresponde con los estados que lideran el ICE y los que lo rezagan, validando la hipótesis de que mayor competitividad estatal se traduce en mayores ingresos para la población.
La infraestructura, uno de los pilares del subíndice citado, es clave en ese proceso. El ICE 2025 destaca que el acceso a internet, la penetración de banca digital, la conectividad aérea y la logística son ventajas que concentradas en ciertos territorios. Los estados mejor ubicados tienen redes que permiten integrarse a cadenas globales, mientras que los rezagados aún enfrentan cuellos de botella: carreteras en mal estado, servicios básicos insuficientes, menor densidad de centros de innovación. Esta situación hace que la ventaja de los primeros sea difícil de desafiar.
La lectura integral de estos indicadores arroja una verdad incómoda: el fenómeno del nearshoring, no está repartido equitativamente, sino que se despliega sobre los territorios que ya tenían ventaja competitiva. Estados con infraestructura, instituciones y capital humano listos están recibiendo grandes flujos de IED, mientras otros se quedan al margen. Esta concentración amenaza con convertir lo que podría haber sido una oportunidad nacional en un beneficio local limitado. Si la política industrial del “Plan México” sigue reforzando únicamente a los estados que ya lideran, el resto podría quedar atrapado en un bucle de rezago. Si no se corrige esta trayectoria, en cinco años veremos un México partido, no solo en términos narrativos, sino en términos estadísticos: un bloque de estados competitivos conectados al mundo, y otro bloque creciendo a un ritmo insuficiente para cerrar la brecha.
Hoy por hoy, los indicadores del IMCO no solo sirven para evaluar la competitividad. Funcionan como un espejo que muestra, con claridad estadística, la existencia de dos Méxicos: uno integrado a la economía global y otro desconectado de los beneficios del crecimiento y la inversión. Lo controversial no es que existan diferencias, eso es normal en cualquier economía compleja, sino que el país haya normalizado esta brecha como algo inevitable. La verdadera pregunta, incómoda pero necesaria, es si México está dispuesto a diseñar una política de competitividad que favorezca a todas sus regiones o si, por el contrario, seguirá celebrando cifras récord de inversión mientras ignora que la prosperidad se está concentrando en los mismos estados de siempre. ¿Será el nearshoring una oportunidad nacional o simplemente una confirmación estadística de que el país sigue avanzando a dos velocidades?
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