Federico Berrueto
El país enfrenta problemas severos desde tiempo atrás, que se han acentuado de manera preocupante en los últimos años. Violencia, corrupción y bajo crecimiento económico son ejemplo, sin desconocer que en educación, salud y medio ambiente también hay un grave deterioro. El régimen obradorista se instaló en la retórica, exacerbando las insuficiencias del pasado para capitalizar electoralmente el descontento y, ya en el poder, construyó una convincente narrativa de éxito. Era retórica no políticas, y decisiones de autoridad a grado tal que inauguró su gobierno con la cancelación del aeropuerto de Texcoco bajo la tesis de la corrupción. Ninguna denuncia se presentó; empresarios e inversionistas fueron indemnizados y los principales recontratados.
El problema presente es la negación de la realidad, porque la legitimidad del gobierno actual pende del anterior. Quienes demandan que la presidenta Sheinbaum asuma una postura crítica o de distancia respecto al gobierno pasado no entienden o no quieren entender que el régimen político es diferente a todo lo conocido. No gana un partido, sino un proyecto, que sobrepone fidelidad a López Obrador sobre la lealtad al país y a la Constitución (Dulce Ma. Sauri dixit).
López Obrador inició su gobierno en condiciones muy diferentes a la de la presidenta Sheinbaum. La economía iba bien y se recibían los beneficios de los cambios estructurales, incluso en sectores como el energético, la inversión privada fluía, la CFE con buena prospectiva y la industria del petróleo en mejores condiciones respecto a muchos años. Las razones del descontento se asociaban a la corrupción, la violencia y la impunidad, además de la incapacidad del sistema económico de responder a las expectativas de muchos. López Obrador tuvo una buena lectura política para ganar y mantenerse en el poder, aunque sin diagnóstico para gobernar, de otra manera hubiera actuado para reformar, no para destruir.
En política resulta engañosa la popularidad. Los ajustes al gasto público al privilegiar las entregas monetarias a millones de beneficiarios y la recuperación de los salarios genera el espejismo de un cambio venturoso. No se advierte que si la economía no crece no hay mucho que repartir, salvo los recursos que existen: el ahorro de varias décadas y los draconianos recortes presupuestales a costa de la calidad del gobierno y del gasto en infraestructura. No hubo una redistribución en términos de justicia, los más ricos más se beneficiaron y aportaron más las clases medias. El gobierno dispuso de casi todos los fideicomisos, ahorros y partidas, y ahora la presidenta se ve ante el dilema de aumentar los ingresos a través de la recaudación sin una reforma propiamente fiscal, una que amplíe la capacidad y discrecionalidad de cobro del gobierno sobre los contribuyentes.
El diagnóstico no se ha hecho presente porque hacerlo es condena, remite a las malas decisiones del pasado inmediato y privilegia las creencias sobre las razones, que algunos llaman ceguera ideológica. En realidad, son razones de política asociadas a la naturaleza del nuevo régimen político en el que un grupo llega al poder bajo un referente político de carácter personal, Andrés Manuel López Obrador. Como tal, se debe mantener a toda costa su vigencia y simbólica fortaleza, más allá de lo que haga, diga o instruya. Las palabras, juicios y decisiones de la presidenta Sheinbaum lo confirman.
Sin embargo, la sobrevivencia del régimen está en un diseño que no da para su permanencia, por la misma razón que Madero recomendó a Porfirio Díaz retirarse y postular a un vicepresidente reformador para abrir paso a un régimen que no dependiera de un caudillo. El relevo por Sheinbaum fue virtuoso porque la presidenta entendió la naturaleza del nuevo régimen, se trata de administrar las tensiones políticas, entre otras, evitar que la lucha contra el crimen y la corrupción no se traslade a altos niveles del gobierno anterior y del actual, además de contener la presión de las autoridades norteamericanas sobre la agenda económica y de seguridad. Sin embargo, casos como el huachicol fiscal o el homicidio de Carlos Manzo ponen en entredicho la fortaleza del régimen.
El problema viene más delante, por eso se proponen modificar las reglas electorales, que es posible; no las de representación política, porque requieren el voto del PVEM y PT que serían perjudicados de hacerlo. Es fácil destruir muchas instituciones fundamentales de la República, no cuando están de por medio los intereses de los socios del proyecto. Manipular votos es suicida.
Finalmente, la negación de la tragedia y sus causas vuelve imposible el diagnóstico.
