Francisco Treviño Aguirre
México ante el TMEC 2026: convertir la energía en ventaja competitiva
México entra a una curva decisiva. En 2026 tendrá lugar la primera gran revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) desde su entrada en vigor. El proceso ya comenzó: Estados Unidos abrió consultas, fijó recepción de comentarios y programó una audiencia pública para el 17 de noviembre de 2025; Canadá activó su propio calendario; y la Secretaría de Economía habilitó 60 días para recoger propuestas del sector productivo. No es un trámite menor: de esta revisión dependerá si el acuerdo se renueva por otros 16 años, y bajo qué reglas, o si se abre una fase de incertidumbre que enfríe la inversión justo cuando México compite por capturar la mayor ola de relocalización manufacturera en décadas.
El nearshoring ya no se define sólo por costos laborales, logística o reglas de origen. El nuevo centro de gravedad es la seguridad energética integral: contar con energía suficiente, predecible y medible, respaldada por permisos claros y tiempos de respuesta que puedan incorporarse a los cronogramas financieros de las empresas. En términos operativos, la gerencia de una armadora, un centro de datos o una planta de electrónica debe poder modelar su inversión sin que la variable “energía” sea una caja negra. Si México llega a la mesa de 2026 con una oferta verificable en permisos, transmisión, interconexión, almacenamiento y cumplimiento operativo, podrá blindar cadenas automotrices y de electromovilidad y atraer electrónica de mayor valor, data centers y manufactura avanzada. Si no lo hace, es previsible una mayor fiscalización ambiental y laboral por parte de Estados Unidos y un acceso más condicionado al mercado; la inversión seguirá en Norteamérica, pero buscará otras rutas.
Construir seguridad energética integral implica articular tres pilares. Primero, permisos previsibles y vinculantes con calendarios públicos y exigibles para generación, transmisión, distribución, importación y proyectos de abasto aislado o detrás del medidor. No se trata de abrir indiscriminadamente, sino de dar certidumbre técnica al “sí” y al “no” con plazos adecuados. Segundo, capacidad de transmisión donde hoy duelen los cuellos de botella: inversión en los corredores de mayor crecimiento del nearshoring y tiempos de interconexión compatibles con los planes de obra de la industria. Tercero, cumplimiento operativo medible: aplicación efectiva del Código de Red, despliegue de medición inteligente, programas de respuesta a la demanda y funcionamiento de mercados de servicios conexos que permitan al almacenamiento con baterías monetizar la flexibilidad que aporta.
El otro eje es la trazabilidad y el contenido regional. En una región que acelera la reindustrialización eléctrica, las cadenas de valor se reorganizan alrededor de energía confiable con menor huella de carbono. No se requiere sobre-regular, pero sí estandarizar metodologías que hoy generan fricción: cómo medir la intensidad de carbono del kilowatt-hora consumido por una planta; cómo certificar que un proveedor cumple con el Código de Red; cómo verificar los programas de respuesta a la demanda. Son preguntas técnicas con implicaciones comerciales. Si México ofrece un sistema simple para demostrar cumplimiento, auditorías profesionales y plataformas de medición digital con trazabilidad, los fabricantes podrán elevar contenido regional sin choques regulatorios ni litigios transfronterizos.
Llegar con ventaja a 2026 exige transformar la fecha en un hito de entrega, no de incertidumbre. Eso se traduce en proyectos ejecutivos de transmisión listos para licitación y construcción; normas de interconexión actualizadas y alineadas con mejores prácticas internacionales; mercados de servicios conexos que reconozcan y remuneren el almacenamiento de energía; y plataformas de medición en marcha que permitan reportar, auditar y comparar. Todo ello debe acompañarse de un compromiso público con plazos de resolución de permisos:120, 180 o 270 días que sustituyan cronologías indefinidas por calendarios exigibles.
La discusión energética no puede aislarse de la agenda de contenido regional. Cadenas automotrices, de electro-movilidad, electrónica avanzada y servicios digitales están elevando sus requerimientos de intensidad de carbono y resiliencia de suministro. Si México alinea su marco técnico, medición de emisiones por kWh, cumplimiento de Código de Red, respuesta a la demanda, con un sistema de certificación accesible y verificable, facilitará que sus proveedores acrediten valor regional sin fricciones y, con ello, que escale el contenido mexicano en productos finales de alto valor agregado.
Hoy por hoy, la oportunidad es clara: el nearshoring se decide en subestaciones, gabinetes de control y cronogramas ejecutados puntualmente, no en comunicados de prensa. El Estado debe facilitar reglas; el sector privado debe ejecutar y coinvertir donde corresponda; los reguladores deben medir y verificar con independencia. Esta distribución de roles reduce la incertidumbre, acelera proyectos y convierte a la energía en ventaja competitiva, no en restricción.
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