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Durango, Durango.- Como legisladores de oposición, tenemos la obligación de expresar con claridad que el presupuesto público en México se ha convertido en un instrumento de control político, cuando debería ser el motor más poderoso para distribuir equitativamente los recursos y fortalecer a estados y municipios, señaló el diputado federal priista Juan Moreno de Haro, tras analizar las pretensiones presupuestales que quieren imponer desde Palacio Nacional y apoyados por los legisladores del partido en el poder.
Informó Moreno de Haro que en los últimos años, la centralización de los recursos ha provocado la desaparición de 523 programas presupuestarios que antes fortalecían a las entidades federativas y municipios en áreas como salud, educación, infraestructura y desarrollo regional.
El valor total de estos programas asciende a más de 2.1 billones de pesos. Aunado a ello, 275 programas sobrevivientes fueron recortados, con pérdidas superiores a 402 mil millones de pesos. Estos recortes han afectado de manera particular al campo, la cultura, la seguridad pública y la inversión estatal en infraestructura, debilitando la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la población.
Por ejemplo, entre 2015 y 2024, el campo tuvo una reducción acumulada de más de 60 mil millones de pesos, mientras que el gasto en infraestructura ejercido por los estados disminuyó en más de 111 mil millones. No se trata solo de cifras, sino de escuelas sin jornada extendida, caminos deteriorados y productores rurales sin apoyos que antes les brindaban certidumbre.
Añadió el diputado duranguense, que la Federación ha destinado más de 1.07 billones de pesos a proyectos sin fara como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el AIFA y el Corredor Interoceánico. Con esa cantidad se habría podido sostener durante años la red de carreteras del país o los programas de apoyo al campo. Se priorizó el espectáculo sobre el bienestar.
Estas decisiones no responden a criterios técnicos ni de eficiencia. Se trata de decisiones políticas que buscan beneficiar a aliados, perjudicar a opositores y concentrar poder en el Ejecutivo Federal. El centralismo no solo debilita a los estados y municipios, sino que también erosiona la democracia mexicana. Desde la Cámara de Diputados, exigimos un nuevo pacto fiscal que restituya recursos justos a estados y municipios. El federalismo no es una consigna del pasado, sino una garantía de equilibrio y de respeto a la diversidad de nuestro país.
Nuestros planteamientos son claros: primero, restituir los programas estratégicos en educación, salud, seguridad e infraestructura. Segundo, devolver al Congreso su facultad real de deliberar y modificar el Presupuesto de Egresos, evitando la aprobación automática de lo que envía el Ejecutivo. Tercero, garantizar que los programas sociales se administren en coordinación con gobiernos estatales y municipales, y no como herramientas de control electoral.
Lo que solicitamos no es un favor, es justicia. Los recursos que se han retirado a los estados y municipios pertenecen a la ciudadanía y deben regresar a ella. Defender el federalismo es defender la democracia y asegurar un futuro equilibrado para todas y todos los mexicanos.
