Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Saltillo, Coahuila.- En el Congreso del Estado se aprobó un paquete de reformas presentadas por diputadas y diputados de todos los partidos políticos, quienes mediante esta suma de esfuerzos lograron modificaciones a la ley que garantizan mayor protección a los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, así como su participación política, fortaleciendo la inclusión y la representación en cargos de elección popular.
En este compendio de iniciativas se aprueban modificaciones a la Ley del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, Código Electoral del Estado, así como a la Constitución Política del Estado.
En materia electoral, estas reformas establecen adecuaciones de cuotas genéricas, garantizando que, en al menos uno de los 16 distritos, los partidos postulen candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad y que en las listas plurinominales al menos una fórmula esté en los primeros tres lugares.
Si bien la obligación marca un mínimo más no una limitación, ya que cada partido tiene la oportunidad y la facultad de abrir más espacios a personas con discapacidad, a la comunidad LGBT+, a quienes provienen de comunidades indígenas, así como a jóvenes y a personas adultas mayores.
Este 8% representa un piso mínimo asegurado en el estado, un punto de partida que garantiza inclusión en el Congreso local. Es así que con esta adecuación se envía un mensaje claro: En Coahuila la democracia se fortalece con diversidad y la representación política debe abrirse a todas las voces para construir un Congreso más justo, plural y cercano a la gente.
Aunado a lo anterior se reforman diversas disposiciones del Código Electoral del Estado, con el fin de impedir que las personas deudoras alimentarias morosas puedan ser candidatas a cargos de elección popular.
Por otro lado, en materia de protección de los derechos y la dignidad de las personas adultos mayores, se contempla la extinción del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) para dar paso a la creación de un nuevo Instituto adscrito al DIF, como un paso hacia una administración más eficiente y orientada a resultados.
Además, se busca fortalecer las atribuciones del Instituto, estableciendo que, además de realizar visitas de inspección y vigilancia a casas hogar, albergues, residencias de día y demás centros de atención, también tenga la facultad de presentar denuncias correspondientes ante las autoridades competentes cuando detecte anomalías.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de realizar Evaluaciones Geriátricas Integrales (EGI) en los centros de salud públicos del estado, de manera gratuita, anual y prioritaria, a toda persona mayor de 60 años que lo solicite, independientemente de su afiliación a seguridad social.
Igualmente, se actualiza el lenguaje constitucional a términos más respetuosos, inclusivos y acordes con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que sustituye los vocablos “minusválidos” y “ancianos”, considerados peyorativos y discriminatorios, por las expresiones “personas con discapacidad” y “personas adultas mayores”, respectivamente.
