Federico Berrueto
El presidente Trump es impredecible. Sin embargo, una invasión militar a un vecino es una opción extrema con muchos riesgos e inconvenientes. Para empezar, es difícil que la opinión pública norteamericana respalde una acción bélica en México si no se cuenta con el apoyo de las autoridades mexicanas. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que en ninguna circunstancia sería admisible una incursión de tal naturaleza. Quedan decantadas las posturas y eso significa que se piense en otro tipo de acciones que también comprometerían la soberanía nacional.
La declaratoria de terroristas a los cárteles de la droga ofrece al presidente Trump un amplio margen de acción, incluyendo aquellas fuera del territorio norteamericano. Son muchas las herramientas que pueden desplegarse, una de ellas, la presión al sistema financiero bajo el argumento de que ciertas instituciones participan del blanqueo de los dineros del crimen. El Departamento del Tesoro ya ha dado pasos en tal sentido y no se descarta se insista en tal acción. Hace sentido que la remoción de Pablo Gómez, de quien se dice llegó al extremo de no pagar las licencias digitales que permitían la operación de supervisión financiera. Un funcionario de ese perfil, sin experiencia alguna en la materia, llegó para emprender una función política, la vigilancia y persecución de adversarios, como comprueba que ahora sea el responsable de elaborar la propuesta de reforma electoral, cuyo es objetivo acabar con el pluralismo y formalizar el fin de la independencia del INE y el Tribunal Electoral.
La presidenta Sheinbaum ha cumplido en dos asuntos de relevancia para la presidencia de Trump. El primero, frenar el flujo de migrantes nacionales y extranjeros hacia EU. Las cifras permiten al gobierno norteamericano invocar el éxito al inhibir movimientos de migrantes. No es un logro menor ante el fracaso del gobierno en muchos frentes y el cambio de la opinión pública que por ahora reprueba a Trump y su gobierno, incluyendo la persecución de migrantes indocumentados.
El segundo, en materia de seguridad, que también muestra una disminución importante en el trasiego de drogas, particularmente fentanilo, aunque observadores señalan un posible cambio en la logística de traslado. En la perspectiva nacional se asume que la presidenta Sheinbaum ha instruido y emprendido un cambio radical en la política de seguridad y persecución al crimen organizado. Desde el exterior el cambio es insuficiente a partir de dos realidades: los líderes de los cárteles no han sido detenidos y, segundo, la falta de investigaciones en el ámbito federal respecto a las implicaciones de políticos o empresarios relevantes en actividades criminales. En opinión de algunos se trata de incompetencia; para otros, impunidad por complicidad.
La situación es crítica porque la presidencia de Trump tiene opciones de intervención más allá del despliegue militar, como operativos contra figuras relevantes del narcotráfico ubicadas a partir de los servicios de inteligencia que operan con libertad y autorización de las autoridades mexicanas. En tal contexto no debiera sorprender que la presidenta Sheinbaum instruya la captura de figuras emblemáticas y que proceda a su inmediato traslado al margen del acuerdo de extradición. Por cierto, un beneficiario de la situación que prevalece es el líder del PRI, en este contexto sería suicida proceder judicialmente en su contra.
Otro problema, más complejo de atender sería que el departamento de justicia demandara la acción de las autoridades mexicanas o exigir el envío a territorio norteamericano de políticos y empresarios de relieve. Raymundo Rivapalacio recientemente señaló que las autoridades norteamericanas exigían que Manuel Bartlett fuera trasladado. Otros casos más inmediatos y recientes, los relacionados con el huachicol fiscal que, por las declaraciones de testigos protegidos y la información aportada por el hermano de Sergio Carmona, podría afectar a gobernadores en funciones y al exdirigente de Morena, Mario Delgado, Secretario de Educación.
La presidenta Sheinbaum ha exigido pruebas para justificar cualquier acusación. El problema es que las autoridades mexicanas han utilizado en su beneficio y convalidado la práctica de dar validez a las declaraciones de delincuentes detenidos en búsqueda de beneficios procesales. Al presidente López Obrador no importó convalidar el riesgoso precedente de actuar contra Genaro García Luna a partir de tales pruebas. El presidente, movido por el rencor y el ánimo de venganza, no advirtió las graves consecuencias de dar validez a los testimonios de delincuentes. La presidenta exige pruebas, sin mayor dificultad podría recibirlas: el testimonio de criminales y a partir de ellas verse obligada a proceder contra los de casa.
