La solidaridad que financia el bienestar
Rubén Olvera
El Gobierno de México anunció que destinará un billón de pesos para programas sociales en 2026. La cifra es impactante, quizás histórica. Es una gran noticia para quienes reciben esos apoyos. También es una señal de que el bienestar sigue en el centro de las preocupaciones ciudadanas.
Sin embargo, entre el impacto del anuncio y los parabienes que genera, hay preguntas que se acercan sigilosas, como si no quisieran hacerse notar. Cuestiones que rara vez se discuten, pero que son tan importantes como el propósito mismo de los programas. Sin ellas, no habría nada que anunciar: ¿De dónde sale ese billón de pesos? ¿Quiénes aportan los recursos que el Estado mexicano redistribuye? ¿Qué tipo de acuerdo social respalda una inversión de esa magnitud?
Las respuestas son de sentido común, nada espectaculares, rutinarias, pero vaya que son esenciales para entender el origen del gasto social. Porque, a fin de cuentas, los recursos salen de la recaudación, de los contribuyentes y de un acuerdo redistributivo que otorga legitimidad y sustento financiero a los programas. Lo que pasa es que el foco mediático suele estar en el gasto, no en su procedencia.
Los medios, como vimos, anuncian a todo volumen los montos y los beneficiarios. No sorprende que los programas lleven el sello de la administración en turno, desde el nombre hasta su operación. Y, por supuesto, el protagonismo suele otorgarse a las dependencias gubernamentales.
Pero, ¿qué papel juegan quienes generan la riqueza y, al cumplir con sus contribuciones, sostienen los programas y el resto de las funciones del gobierno? Se trata de trabajadores, comerciantes, agricultores, emprendedores, empresarios y consumidores. Todos ellos, ya sea produciendo, construyendo, sembrando, comprando o vendiendo, hacen posible, con sus impuestos, el sistema de bienestar. ¿Es mucho pedir que se reconozca y reivindique su contribución?
Seamos claros: ese billón de pesos que se destinará a brindar apoyos sociales en 2026, junto al presupuesto actual, no es maná caído del cielo. No sale de las bóvedas del Banco de México. Y mucho menos son recursos aportados por los funcionarios. Es la contribución solidaria de millones de ciudadanos, canalizada vía impuestos.
Tampoco se trata de un esquema asistencial en el que “los pudientes” ayudan de manera dadivosa a “los necesitados”. La política social no es filantropía, es compromiso. No es caridad, es justicia. Para nada es un regalo, es solidaridad ciudadana.
Los impuestos y las transferencias están en la Constitución y en las leyes fiscales y de desarrollo. Detrás de todo hay una idea clave que le da sentido al acuerdo social del que hablamos: la reciprocidad. Ser ciudadano no solo es tener derecho a recibir apoyos; también implica una responsabilidad contributiva para que ese bienestar sea posible para todos.
Sin desestimar el trabajo que realizan las dependencias que gestionan y asignan los recursos, los programas sociales trascienden a los gobiernos y los partidos. Son expresión de una voluntad colectiva. Al igual que el IMSS, Pemex, escuelas públicas o el propio territorio nacional, forman parte del patrimonio común, construido desde la solidaridad y el esfuerzo compartido.
