Jessica Rosales
La doble moral de Morena ante la violencia de género
La narrativa de justicia, equidad y transformación que Morena ha vendido a la ciudadanía se desmorona ante el espectáculo que protagonizan algunos de sus representantes en Coahuila. Mientras el partido presume ser un pilar en la lucha contra la violencia de género y la corrupción, en la práctica protege a quienes incurren en estas faltas y permite que las disputas internas se conviertan en un circo donde las acusaciones van y vienen sin consecuencia alguna.
El más reciente episodio de esta pugna involucra a la senadora Cecilia Guadiana, quien anunció la presentación ante el INE de una denuncia por violencia política de género en contra del diputado local Antonio Attolini y la regidora de Saltillo, Alejandra Salazar.
Esta acción responde a las acusaciones de Salazar contra Guadiana, el diputado local Alberto Hurtado, y el delegado de Bienestar Américo Villarreal a quienes señaló por presunto uso indebido de recursos públicos con fines de promoción personal.
En respuesta, la senadora argumentó que estos ataques han afectado a su familia y han cruzado límites personales, lo que la llevó a proceder legalmente, pues hasta el momento, ninguno de ellos ha recibido notificación de alguna denuncia, lo que sugiere que podría tratarse más de una estrategia mediática de su grupo opositor que de una acción legal con sustento.
No es la primera vez que Alejandra Salazar se ve envuelta en controversias por violencia política de género. En mayo de 2024, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la regidora incurrió en este tipo de violencia contra la diputada federal Edna Gisel Díaz.
La sanción impuesta incluyó una multa de 9,622 pesos, una disculpa pública y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un año y seis meses.
Sin embargo, este castigo quedó sin efecto debido a la tardanza del tribunal en emitir su fallo, lo que permitió que Salazar eludiera cualquier consecuencia real por su conducta. En otras palabras, aunque se acreditó la violencia, la impunidad prevaleció porque los plazos procesales se agotaron antes de que se aplicara la sanción.
Por otro lado, el caso del diputado local Antonio Attolini Murra también merece un análisis serio, pues sus declaraciones recientes han encendido la polémica en torno a su postura sobre la violencia de género.
En un intento por defender a su compañero de partido, el diputado federal Antonio Castro Villarreal, quien fue señalado durante las marchas del 8M, Attolini minimizó las acusaciones asegurando que tenían un trasfondo clasista. Pero lo que realmente desató la indignación fue su forma de abordar la defensa de Castro. En sus declaraciones, señaló que las críticas se debían, entre otras cosas, a que su compañero “había consumido el cuerpo de una mujer”, refiriéndose a su pareja.
Las palabras de Attolini no solo fueron desafortunadas, sino que reflejan una visión profundamente arraigada en la cosificación de las mujeres. Hablar de “consumir” un cuerpo implica tratar a la mujer como un objeto desechable, despojándola de su humanidad y reduciéndola a un bien que puede ser usado y agotado. Más allá de la intención del legislador, el mensaje es claro: sigue vigente una visión machista en la que las relaciones de pareja se plantean en términos de posesión y dominio.
Además de esta cosificación implícita, la declaración de Attolini refuerza estereotipos de género dañinos al presentar a las mujeres como subordinadas o disponibles para la satisfacción masculina. En un contexto donde la lucha por la igualdad de género sigue siendo un tema pendiente, declaraciones como esta solo perpetúan estructuras de poder desiguales que colocan a las mujeres en una posición de vulnerabilidad.
Por si fuera poco, la expresión utilizada también demuestra una falta total de respeto. Hablar de una relación íntima en términos de “consumo” elimina cualquier rastro de respeto mutuo en una relación afectiva. El hecho de que un diputado, representante de la ciudadanía, utilice este tipo de lenguaje no solo es inaceptable, sino que debería generar una reflexión profunda sobre el tipo de liderazgos que se están promoviendo en Morena.
Ante estas declaraciones, la senadora Cecilia Guadiana no tardó en reaccionar y las calificó como machistas y de mal gusto.
Morena ha hecho de la justicia y la equidad su principal bandera política, pero los hechos demuestran que esa bandera solo se usa cuando les conviene. Cuando se trata de aplicar la misma vara a sus propios militantes, los discursos de combate a la impunidad y la violencia de género se convierten en puro ruido sin acción.
¿Cómo puede Morena exigir justicia cuando dentro de sus propias filas permite que la impunidad y la misoginia se mantengan sin restricciones entre sus propios militantes?
