Federico Berrueto
Un problema mayor la relación de la política con el dinero en México y en el mundo, con excepción de algunos países como Inglaterra y Canadá. Estados Unidos lo ha resuelto parcialmente, no de la mejor manera, con reglas laxas, pero con un régimen de transparencia que permite a la sociedad y a los electores conocer, casi en tiempo real, el financiamiento de candidatos; no hay topes de campaña, pero la información oportuna es obligada y severamente sancionada al particular si no cumple. No es una solución total porque revela la dependencia de los candidatos al dinero. En el Congreso quien más gasta es quien gana, y casi siempre es el que busca la reelección. Sin embargo, la transparencia garantiza que el origen no sea ilegal y que los recursos no sean desviados de su destino para financiar campañas. Se puede decir, que en lo general en EU hay una articulación abierta entre el dinero y la política.
López Obrador convenció con éxito que la misión principal de su empresa moral era la separación del poder económico del gobierno. La crítica, en parte válida, era que las decisiones públicas favorecían a los más ricos; partía de la tesis de que los intereses de los grandes empresarios se imponían sobre las responsabilidades de gobernar para todos y hacerlo con probidad. La parte más cuestionable y que se siguió reproduciendo en el periodo de López Obrador, con mayor acento, remite a la asignación de contratos de obra y servicios al margen de la probidad, la transparencia y el interés general. En nombre del combate a la corrupción se destruyeron las bases e instituciones que permitían contenerla, como el INAI que, por lo visto, ya acusaba un grado descomposición interna. Las investigaciones sobre la corrupción divulgadas periodísticamente fueron severamente perseguidas y descalificadas. La titular de la iniciativa civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, fue perseguida judicialmente con un pretexto de ridícula validez. No pocos periodistas independientes o críticos fueron despedidos sus casas editoriales como efecto de la autocensura, práctica que persiste hoy día en detrimento de la libertad de expresión.
A través del INE se ha implementado una normatividad exhaustiva para controlar los ingresos de partidos y candidatos, así como el gasto electoral. El avance es importante, pero insuficiente porque es mucho el dinero no fiscalizable. Se explica por topes de campaña absurdos y ficticios, porque el INE no tiene el acceso directo a las operaciones financieras y registros bancarios y porque la evaluación tiene lugar meses después de las elecciones. Las medidas preventivas no son lo fuerte y para los cargos ejecutivos los futuros proveedores se hacen presentes en tiempos electorales. Según estimaciones de expertos 8 de 10 pesos son irregulares. Es práctica que el financiamiento a los partidos para campañas no llegue a los candidatos, se los apropia la dirección partidista, obligando a que los aspirantes pasen charola, con éxito para quienes son competitivos y pueden pagar los favores recibidos.
El sistema democrático en buena parte ha sido subvertido por el poder del dinero. Su curso en México durante el pasado reciente es muy preocupante por tres razones: la equidad en la elección es ficticia, el financiamiento ilegal con recursos públicos y la presencia del crimen organizado en el fondeo de campañas y la construcción de candidaturas, tema señalado como el elefante en la sala. Lo de ahora son las infidencias de criminales sobre el pago a candidatos para ganar elecciones, ni López Obrador se ha escapado de tales señalamientos. Lo peor es que la denuncia noticiosa o judicial no se ha procesado internamente; viene de los testimonios de criminales en procesos judiciales en EU. De esta manera, el encarcelamiento del exsecretario de seguridad García Luna se vuelve precedente que debe preocupar a los de este régimen porque la colusión entre autoridades y criminales.
La situación se ha vuelto crítica y amenaza con normalizarse si no hay una acción colectiva que sancione al menos los excesos, como la desviación de recursos públicos o la presencia financiera del narco. Lamentablemente la disputa por el poder es feroz y no se advierte iniciativa alguna que encare el problema; más aún, propuestas con adhesión pública como la de reducir el financiamiento para partidos y campañas electorales acentúan la dependencia de la política sobre el dinero. La transparencia o la inteligencia de Estado para identificar operaciones financieras irregulares no han cumplido, precisamente por su funcionalidad política.
