Francisco Treviño Aguirre
El año 2025 será clave para definir el rumbo del sector energético en México. Las decisiones y estrategias adoptadas marcarán no solo el resto de la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum, sino también el panorama energético nacional en las próximas décadas. Uno de los principales objetivos del gobierno es alcanzar un 50% de generación de energía limpia para 2030. Sin embargo, las cifras actuales reflejan que el país aún está lejos de esta meta. El gobierno ha reafirmado su intención de que el 54% de la generación de electricidad recaiga en manos del Estado, este desafío se complica por la necesidad de modernizar la red de transmisión eléctrica, la cual enfrenta importantes limitaciones para integrar fuentes de energía renovable. Esta infraestructura obsoleta, además de generar pérdidas de energía, dificulta la estabilidad del sistema eléctrico, lo que representa un obstáculo para la transición energética.
En paralelo, la administración ha planteado la transformación de Pemex hacia una empresa limpia. Sin embargo, esta meta parece difícil de alcanzar bajo las condiciones actuales, donde las actividades prioritarias de la compañía estatal continúan enfocándose en combustibles fósiles. Aunque México posee un enorme potencial para el desarrollo de energía eólica y solar, sigue dependiendo en gran medida de los hidrocarburos, lo que limita la adopción de fuentes renovables.
El próximo año también traerá consigo importantes cambios regulatorios con la aprobación de leyes secundarias relacionadas con la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28. Esta reforma busca eliminar la figura de empresas productivas del Estado, devolviendo a la CFE y Pemex a su papel como empresas públicas enfocadas en la planeación y control. En el caso de la CFE, se espera que retome funciones como el servicio público de electricidad, mientras que se limita la participación del sector privado en actividades clave como la construcción, modernización y mantenimiento de redes de transmisión y distribución. Estas modificaciones, que deberán concretarse antes del primer trimestre de 2025, plantean retos significativos para su implementación, especialmente si se consideran los precedentes, como la reforma energética de 2013, cuya aplicación total tomó más de tres años y medio.
Otro cambio importante será la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Esto implicará un proceso de reasignación de funciones, así como de recursos humanos y presupuestales, que será crucial para garantizar una transición ordenada en la regulación del sector. Estas modificaciones generan incertidumbre, especialmente para el sector privado, que sigue expectante ante la posibilidad de participar en proyectos energéticos en un entorno regulatorio estable.
A pesar de estas restricciones, el gobierno ha anunciado ciertos mecanismos de colaboración con la iniciativa privada, como esquemas de generación mixta, la entrega de energía a la CFE y la participación en el mercado eléctrico mayorista. Estas oportunidades, aunque limitadas, son vistas con moderado optimismo, ya que podrían sentar las bases para una transición energética más ordenada y responsable. Sin embargo, esto dependerá de la capacidad del gobierno para liderar estos esfuerzos con mayor eficacia administrativa, un enfoque pragmático y recursos suficientes para planear y regular el sector energético.
Uno de los mayores retos para México en 2025 será garantizar su seguridad energética. Actualmente, el país depende de Estados Unidos para más del 60% de su gas natural, lo que representa una vulnerabilidad significativa ante posibles tensiones comerciales o fluctuaciones en los mercados internacionales. Reducir esta dependencia requiere diversificar las fuentes de suministro, construir infraestructura de almacenamiento y aumentar la producción nacional de gas. Estas medidas no solo fortalecerían la seguridad energética, sino que también facilitarían una transición hacia fuentes renovables al reducir el uso de combustibles fósiles importados.
El contexto geopolítico y económico internacional también influirá en el panorama energético de México. Con la llegada nuevamente de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, se anticipa un entorno más inestable y menos predecible, lo que podría afectar el comercio bilateral y las inversiones. Además, la renegociación del T-MEC añadirá otro elemento de incertidumbre, especialmente en el marco del nearshoring, donde las empresas requieren un suministro energético confiable y competitivo.
Hoy por hoy, el 2025 representa la gran oportunidad para que México lidere una transición energética sostenible y ordenada. No obstante, lograr este objetivo dependerá de la capacidad del gobierno para construir un marco regulatorio claro que fomente la inversión privada, modernice la infraestructura eléctrica y reduzca la dependencia de combustibles fósiles. Asimismo, será crucial adoptar una visión pragmática y técnica en la toma de decisiones, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad por encima de intereses ideológicos. Si se logra este equilibrio, México no solo podrá cumplir con sus compromisos internacionales, sino también aprovechar las oportunidades económicas que ofrece el nearshoring y consolidar su posición como un líder regional en energía limpia.
