Jessica Rosales
AHMSA: El costo de una disputa política
El reciente fallo que declara en quiebra a Altos Hornos de México (AHMSA) es la culminación de un conflicto en el que, tristemente, la política y el poder se impusieron sobre los derechos de miles de familias. Este coloso de la industria acerera no solo enfrentó una crisis financiera que comenzó en 2019 con el arresto de Alonso Ancira por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, sino que también sufrió las consecuencias de un pleito personal que llevó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a ignorar las necesidades de miles de trabajadores y sus familias en Monclova y la región Centro de Coahuila.
Desde el inicio, la posición de López Obrador fue clara: el enfrentamiento con Alonso Ancira parecía menos un acto de justicia y más una vendetta personal. Aunque los señalamientos de corrupción en la compra de Agronitrogenados fueron legítimos, el impacto de esta persecución política fue pagado por miles de trabajadores que han dedicado su vida a AHMSA y ahora ven sus futuros truncados. ¿Acaso no era posible separar el proceso legal contra Ancira de la estabilidad de la empresa? ¿No era el deber del gobierno buscar soluciones que protegieran el empleo de 17 mil familias en lugar de permitir que AHMSA cayera en la quiebra?
Mientras tanto, figuras políticas como el senador Luis Fernando Salazar han intentado desviar la atención, repartiendo culpas a todos menos a uno de los protagonistas de esta historia: el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué hizo Salazar con su influencia política? Poco o nada para apoyar a la región Centro. En lugar de tomar acciones concretas, tanto él como otros políticos mantuvieron una postura de indiferencia, mientras universidades y gobiernos locales tomaban la iniciativa para mitigar los estragos económicos, ofreciendo becas, apoyos alimentarios y programas de inclusión para las familias afectadas.
La Universidad Autónoma de Coahuila, por ejemplo, ha respondido con becas para los hijos de los trabajadores de AHMSA, reduciendo sus cuotas a solo 10 pesos y facilitando su traslado entre ciudades. El gobierno estatal, por su parte, ha lanzado programas de empleo y estrategias de desarrollo económico para la región, algo que ni el gobierno federal ni representantes como Salazar se preocuparon por implementar.
López Obrador siempre afirmó que su gobierno era “del pueblo y para el pueblo,” pero el caso de AHMSA y sus trabajadores muestra una realidad diferente: un presidente dispuesto a usar su poder para resolver vendettas, aunque ello implicara sacrificar a familias enteras que dependían de esta industria. A la fecha, mientras los activos de AHMSA se liquidan para cubrir deudas, miles de trabajadores aún luchan por obtener el pago de sus derechos laborales y encontrar una estabilidad económica que, por ahora, parece inalcanzable.
Ahora, el reto recae en la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha prometido una postura distinta, enfocada en el apoyo a las familias afectadas. Sheinbaum, al asumir su cargo, expresó su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores y el impulso de políticas que prioricen el bienestar social sobre los intereses políticos. Para la presidenta, este caso representa una oportunidad para mostrar un liderazgo enfocado en la gente y marcar un cambio respecto a las políticas de su antecesor.
