Federico Berrueto
Desde hace tiempo la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se ha vuelto insostenible. El homicidio de su adversario y enemigo Melesio Cuén se le viene en contra y él ha propiciado la sospecha hacia sí mismo. La investigación de la FGR le expone y prácticamente le condena. Es imposible que el montaje de la fiscalía local para encubrir el asesinato del diputado electo ocurriera sin su conocimiento. No significa, necesariamente, que el gobernador haya tenido que ver con la desaparición de su adversario, pero sí lo incrimina en el montaje. Como hipótesis, Rocha quizá nada tuvo que ver con el secuestro de El Mayo y el asesinato de Cuén y el temor de que se le involucrara llevó a él y a sus colaboradores a actuar de manera en extremo irresponsable, sin medir que el asunto no se procesaría en el ámbito local y que sería objeto de un riguroso escrutinio público.
López Obrador debió haber tomado distancia de Rocha una vez que la FGR tomó el caso. En su lugar, él y los gobernadores, incluyendo a la presidenta electa salieron a poner el pecho por un correligionario en problemas, sin medir que para los demás era un funcionario bajo sospecha. Todavía en estos días los diputados de la mayoría le dieron generoso trato de víctima. La carta de El Mayo Zambada que le incrimina no hace prueba, sí los avances de la investigación de la FGR que valida prácticamente todo lo señalado por el jefe narco. Por precisarse es si el gobernador efectivamente estuvo en EU el día del suceso, que tampoco lo liberaría de responsabilidad por el montaje.
La suerte del gobernador está en manos de la presidenta Sheinbaum; se trata de un funcionario electo y la renuncia sólo se justifica bajo una causa que obligue. Importa qué está ocurriendo en la entidad para decidir la suerte del mandatario. El dilema es si su salida contribuye o complica la solución a la grave crisis de seguridad en Sinaloa.
La torpeza del gobernador ha sido proverbial, resultado de la protección que se le ha dado. Su respuesta a la grave situación fue muy a la medida de su protector, minimizando el problema y acusando a los medios y periodistas, como si se estuviera inventando la violencia, los homicidios y los errores del gobierno y de la fiscalía local. Un precedente ominoso en medio de la descomposición en el Estado que el gobernador insulte al periodista Luis Chaparro y responsabilizarlo junto a la conductora Azucena Uresti por lo que pudiera ocurrirle. Debe quedar claro que los periodistas están más expuestos por mucho al crimen que los gobernantes.
La presidenta Sheinbaum debe ponderar la decisión porque hay otros estados gobernados por Morena donde la situación es muy crítica: Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Morelos, Colima, Baja California y Veracruz. A la lista debe agregarse Guanajuato y Chihuahua. Hay sitios bajo la pax narca como fue Sinaloa donde la presencia del crimen organizado no necesariamente se vincula a la violencia, pero hay ausencia de Estado de derecho por la connivencia de autoridades con criminales. Se debe cuidar el precedente que significaría que el crimen organizado tuviera el poder de cambiar gobernador. Se trataría de calentar la plaza a manera de anular el voto democrático, tarea para el crimen relativamente fácil, aunque peligrosa y sangrienta.
La salida del gobernador debe ser un recurso de última instancia. Si mintió al presidente, a la presidenta o al fiscal, sin duda, no sólo debe salir del cargo “para facilitar las investigaciones”, en su caso, deberá enfrentar la responsabilidad política y jurídica por los actos propios y los de sus subalternos, incluso los de la fiscal del Estado, si él solicitó, participó o consintió el montaje del homicidio de Melesio Cuén.
El precedente de su eventual salida es muy delicado y corta para los dos lados. Por una parte, un freno a la impunidad; por la otra, un aval al crimen en su creciente influencia política. Por esta consideración es totalmente indeseable una solución al viejo estilo del PRI, en el que se removía a los funcionarios electos como salida política. En otras palabras, el gobernador no debe salir; de suceder no será una renuncia por razones de salud, sino para ser procesado si la FGR cuenta con los elementos para proceder en su contra. La cuestión adelante sería ¿hasta dónde puede llegar la connivencia o la incompetencia?
