Incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, la otra reforma
José Vega Bautista
El Pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo particular, con mayoría calificada de 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ahora se establece que “La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
El dictamen, además de la definición y función para la Guardia Nacional, estipula que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Asimismo, indica que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
El proyecto de decreto asienta que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.
Precisa que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, y será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.
En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.
Respecto a las facultades del Ejecutivo Federal, éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.
Los cambios constitucionales también estipulan que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Asimismo, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.
Destaca que el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.
El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.
Se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública.
El dictamen deriva de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero, así como de propuestas conexas de diputadas y diputados de la anterior Legislatura.
Mientras tanto, el Senado publicó en la Gaceta Parlamentaria la minuta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, el cual fue enviado por la colegisladora. El presidente de la Mesa Directiva, el senador Gerardo Fernández Noroña comunicó, a través de sus redes sociales, que el documento fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.
Como un ingrediente más del contexto, me gustaría recordar que en su libro «2018 La Salida», Manuel López Obrador ya planteaba algunas bases de lo que sería su proyecto alternativo de nación. Ahí están escritos planteamientos, como los de la Guardia Nacional, que ratifican que sus propuestas de campaña se convertirían en programas de gobierno.
López Obrador parte de la premisa de que si no se atiende con eficacia la demanda de paz y tranquilidad, resultará ociosa cualquier propuesta de nación. Y plantea, en su libro, las siguientes acciones específicas para devolverle la tranquilidad al pueblo y serenar el país:
Combatir y erradicar la corrupción en todas las instancias gubernamentales. Argumentaba que la corrupción es lo que más aumenta y hace proliferar bandas del crimen organizado. Es un hecho que muchos delitos no se podrían consumar sin el contubernio de funcionarios públicos. El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos se realizan invariablemente con la complicidad de autoridades. De ahí que debe impedirse por todos los medios la asociación entre delincuencia y autoridad. Se ha de definir bien la frontera entre una cosa y la otra y no permite el predominio de complicidades y componendas. Cero impunidad.
Es importante la especialización de los cuerpos de seguridad encargados de combatir a la delincuencia. Combatir al crimen organizado demanda más inteligencia que fuerza.
Habrá plena coordinación al interior del gobierno para enfrentar el flagelo de la violencia. No se puede hacer frente a la delincuencia organizada con un sistema de seguridad pública nacional sin coordinación.
Se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública. Actualmente, el objetivo fundamental de las fuerzas armadas es salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de México.
Sin embargo, en las circunstancias actuales es indispensable que a este propósito de la defensa nacional se agregue el de la seguridad pública interior. No debe desaprovecharse personal, experiencia e instalaciones para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedos ni temores. Los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad. El gobierno democrático de México defenderá la soberanía con autoridad moral y política. El distintivo será la paz y no la guerra.
El Ejército y la Armada se convertirán en instituciones de protección a los mexicanos. Específicamente se analizará colegiadamente la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 220,000 soldados y 30,000 marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores. En suma, se trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos materiales (vehículos, cuarteles e instalaciones), con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país.
En su propuesta López Obrador reafirmaba su convencimiento de que el combate a la delincuencia es más que un asunto de policías y ladrones. La solución de fondo, la más eficaz, y probablemente la menos cara, dijo entonces el hoy Presidente, es combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Por eso, para garantizar la seguridad pública es indispensable el desarrollo social.
Recordó, además, que la crisis de inseguridad y de violencia ha sido provocada también, por el estilo de vida inducido por la cultura del grupo dominante, donde lo fundamental es el dinero, lo material y lo superfluo. Por ello planteó como única salida la de renovar de manera tajante, la vida pública de México; y, sobre todo, impulsar una nueva corriente de pensamiento sustentada en los valores de la dignidad, la honestidad y el amor a nuestros semejantes.
Finalmente deseo recordar lo dicho por el sociólogo alemán Max Weber: “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia física. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia”.
Ese es el texto y el contexto, ahora tocará a la Cámara de Senadores analizar, discutir y, en su caso, aprobar la reforma.
@Pepevegasicilia
