Rubén Olvera
Sin cooperativas y empresas sociales la economía se va al traste
Un espíritu benevolente recorre la economía mexicana. Se trata de las cooperativas, la banca social, las sociedades de producción rural, las empresas de trabajadores y los grupos solidarios integrados por mujeres, jóvenes o personas con discapacidad. Todas catalogadas como empresas sociales y solidarias, esenciales para el desarrollo.
Lamentablemente, al igual que ocurre con otros emprendimientos colectivos, estas iniciativas suelen quedar relegadas a un segundo plano en los programas de fomento empresarial y productivo.
Lo más sorprendente es que en algunos gobiernos locales las experiencias cooperativistas y solidarias son ignoradas en los planes de desarrollo estatales y municipales, a pesar de que su capacidad para crear empleos, impulsar la economía familiar, ofrecer productos de calidad y brindar diversos beneficios sociales a su comunidad es reconocida internacionalmente.
Hay algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Puebla, los estados de Guerrero, Jalisco y Ciudad de México, entre otros gobiernos locales que han lanzado programas para promover el desarrollo del sector social de manera similar al Programa de Fomento a la Economía Social que implementa la Federación.
No obstante, en la mayoría de los estados y municipios, las empresas sociales se encuentran en las primeras etapas de visibilidad. Los esfuerzos para fomentar su desarrollo son insignificantes o inexistentes, y a menudo se les equipara con las empresas tradicionales, a pesar de tener principios y desafíos diferentes.
No es exagerado afirmar que los conceptos y principios de la economía social y solidaria son vistos con desdén, como si fueran inferiores, especialmente en las regiones más industrializadas del norte del país.
Resulta que las autoridades están tan cautivadas por la globalización, el nearshoring y las corporaciones multinacionales que ignoran las diversas contribuciones y ventajas que estas empresas colectivas aportan a la economía y el desarrollo.
Se estima que existen más de 61 mil colectividades del sector social en México, incluidos más de 31 mil ejidos y comunidades, junto con más de 14 mil cooperativas. Estas organizaciones representan en conjunto alrededor de 12 millones de socios, una quinta parte de la población económicamente activa de México. Es evidente que las empresas sociales son grandes yacimientos de empleo.
Otro ámbito de la economía social, fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social de las entidades federativas y municipios, se compone por las cooperativas financieras y las cajas de ahorro. Estas organizaciones ofrecen servicios de ahorro y crédito, y en ciertos casos, diversos tipos de seguros, a más de 13 millones de usuarios. Es probable que muchos empresarios del sector social hayan visto nacer y escalar sus negocios gracias a la banca social.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene una rica historia de apoyo a las cooperativas, reconoce que las empresas de la economía social y solidaria desempeñan un papel crucial en la creación de empleos decentes y la mejora de la calidad de vida de las personas.
En 2022, este organismo especializado de las Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones a los Estados miembros, incluidos los gobiernos locales y regionales, para que adopten un rol más proactivo en la creación de empleo e incorporen a las empresas sociales en sus planes y estrategias de desarrollo.
Lo primordial, sin embargo, es que las autoridades locales no pierdan de vista que las empresas sociales y la economía solidaria no son fenómenos marginales o pasajeros.
