Francisco Treviño Aguirre
La reforma al Poder Judicial: Un freno al nearshoring y la inversión extranjera
La aprobación de la reforma al Poder Judicial ha provocado no solo una ola de manifestaciones en las calles, sino también una serie de repercusiones en el ámbito económico. Según un reciente análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), publicado el 9 de septiembre de 2024, la economía mexicana ha entrado en una fase de mayor cautela, lo que podría tener implicaciones serias para su crecimiento y estabilidad.
El informe del CEESP, titulado “La economía se mantiene a la baja”, indica que el entorno económico se ha vuelto más cauteloso tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Este aumento de la incertidumbre está debilitando el nivel de inversión, lo que disminuye las oportunidades de aprovechar el potencial del nearshoring, una estrategia que busca atraer empresas extranjeras para instalarse en México, aprovechando su cercanía con Estados Unidos.
El análisis del CEESP también muestra que la inversión fija bruta mensual cayó un 1% en junio de 2024, y aunque la inversión general creció un 0.7%, fue su menor avance desde marzo de 2021. Este debilitamiento en la inversión es preocupante, dado que es uno de los principales motores del crecimiento económico en el país. A pesar del repunte que se observó a partir de diciembre de 2022, la inversión parece estar perdiendo fuerza rápidamente. La incertidumbre política generada por la reforma judicial ha sido señalada como un factor clave en esta desaceleración. El panorama es aún más sombrío cuando se considera que la actividad productiva también ha mostrado una tendencia a la baja para los próximos meses, lo que limita las oportunidades de recuperación económica.
La reforma judicial ha creado inquietud entre los empresarios consultados, quienes han subrayado la importancia de contar con un entorno que fomente la inversión y garantice la seguridad jurídica. Sin embargo, la aprobación de la reforma parece ir en la dirección contraria, ya que los incentivos para la inversión se ven erosionados por la creciente incertidumbre política.
Esto es particularmente problemático en un momento en que México tiene la oportunidad de capitalizar el fenómeno del nearshoring, que podría impulsar la inversión extranjera directa y fortalecer sectores clave de la economía. Sin un entorno favorable para la inversión, es probable que el país pierda oportunidades cruciales para atraer empresas que buscan diversificar sus cadenas de suministro lejos de Asia y más cerca de Norteamérica.
El Reporte sobre las Economías Regionales del Banco de México para el segundo trimestre de 2024 refuerza este panorama sombrío. Aunque se espera que las economías regionales sigan expandiéndose a un ritmo moderado, el desempeño económico ha mostrado señales de debilitamiento, especialmente en el sector industrial y en los servicios. En particular, las manufacturas han seguido contrayéndose en el norte y el centro-norte del país, lo que sugiere que la actividad económica en estas regiones enfrenta un entorno desafiante. La incertidumbre derivada de la reforma judicial no ha hecho más que añadir una capa adicional de complejidad al panorama económico, que ya de por sí es incierto.
Con el debilitamiento de la inversión, el nearshoring en riesgo y un entorno político volátil, las perspectivas económicas para 2025 no son alentadoras. El crecimiento proyectado de solo 1.48% refleja una economía estancada que, aunque podría seguir creciendo a un ritmo lento, enfrenta desafíos estructurales que limitan su potencial a largo plazo. Es evidente que la aprobación de la reforma judicial no solo ha generado controversia en el ámbito político, sino que también ha tenido efectos adversos sobre la economía. Las expectativas de crecimiento han sido revisadas a la baja, y la falta de confianza en las instituciones sigue siendo un problema que México deberá enfrentar si quiere atraer más inversión y mantener su competitividad en el escenario internacional.
Hoy por hoy, la reforma al Poder Judicial, aunque promovida como una herramienta para mejorar la gobernanza en México, ha terminado por minar la confianza tanto de los empresarios como de los inversionistas. Irónicamente, lejos de fortalecer el estado de derecho, esta reforma podría consolidar aún más los problemas de corrupción e impunidad que han obstaculizado el desarrollo económico del país. En este contexto, es posible que el costo económico de esta reforma sea mucho más alto de lo que sus proponentes imaginaban, condenando a México a una nueva fase de estancamiento.
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