Jessica Rosales
Muerte y negligencia: El oscuro negocio de los Anexos en México
Los Centros de Rehabilitación para la atención de adicciones, conocidos como anexos, se han multiplicado por todo el país, incluyendo Coahuila, aprovechando un marco regulatorio laxo que permite su operación sin los controles necesarios. Esta falta de supervisión y regulación no solo ha convertido a estos lugares en negocios lucrativos para sus operadores, sino que también ha propiciado la violación de los derechos humanos de las personas que buscan o son forzadas a recibir tratamiento en estos centros.
Es profundamente alarmante que, en Coahuila, existan alrededor de 200 anexos, de los cuales, solo 74 están registrados oficialmente, y de estos, solo tres cuentan con una certificación adecuada. Esto significa que la mayoría de estos establecimientos operan con carencias significativas en la atención de la salud física y mental que requieren las adicciones, y sin ningún tipo de supervisión efectiva por parte de las autoridades. En estos lugares, las prácticas de tortura, humillación y, en los peores casos, la muerte de los pacientes, son una realidad documentada.
Los casos recientes subrayan la gravedad de esta situación. Misael, un hombre de 29 años, murió en un anexo en Ramos Arizpe tras sufrir una trombosis derivada de los golpes que recibió. Giovanni, un joven de 20 años, fue brutalmente asesinado a golpes tras intentar escapar de un anexo clandestino. Y Francisco N, de 27 años, quien perdió la vida el mismo día en que fue ingresado en el anexo «Coahuila, Una Esperanza», presuntamente por estrangulamiento, según la información preliminar de las autoridades. Estos casos ponen de manifiesto no solo la violencia que se ejerce en estos lugares, sino también la total falta de preparación y profesionalismo de quienes los operan.
Es esencial que se tomen medidas inmediatas para fortalecer la legislación en torno a la operación de estos centros. La apertura de foros para escuchar a todos los sectores involucrados como lo ha propuesto el poder Legislativo, es un primer paso en la dirección correcta. Sin embargo, esto debe ir acompañado de acciones concretas que incluyan la creación de un marco regulatorio estricto, la imposición de sanciones severas a los establecimientos que operen fuera de la ley, y la obligatoriedad de contar con personal calificado en salud mental y física en todos los anexos.
No se puede permitir que la necesidad de tratamiento para las adicciones sea explotada por aquellos que buscan enriquecerse a costa del sufrimiento humano. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los centros de rehabilitación sean verdaderos espacios de sanación, operados con dignidad, respeto y profesionalismo.
Es inconcebible que la legislación actual permita que personas sin formación en salud mental o física dirijan estos centros. La Norma Oficial Mexicana NOM 28, que regula la operación de estos establecimientos, resulta insuficiente para garantizar la seguridad y el bienestar de los internos. Su flexibilidad permite que individuos con nula o escasa formación profesional, como los denominados «Padrinos», asuman la dirección de procesos de rehabilitación, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.
En Coahuila de 2023 a la fecha existen cuatro carpetas de investigación abiertas por actos ilícitos en estos lugares por actos de tortura, privación ilegal de la libertad y hasta homicidios cometidos por los métodos violentos que en ocasiones se utilizan para someter y controlar al adicto sin ayuda de un profesional de la salud
La necesidad de tratamiento para las adicciones no debe ser una oportunidad para la explotación y el enriquecimiento a expensas del sufrimiento humano. Es hora de que se tomen medidas contundentes para erradicar el abuso en los anexos y garantizar que estos centros cumplan con los más altos estándares de calidad y respeto hacia los pacientes.
