Federico Berrueto
Son muchas las expectativas por la renovación del gobierno. Algunas ilusorias, otras razonables que nacen de lo deseable; sin embargo, muy pocas las realistas. Persiste el deseo genuino de que las cosas evolucionen para bien, que no deja de ser complicado. Se votó por la continuidad y por un cambio de régimen claramente inconveniente. La merma de las libertades y un poder presidencial sin límites institucionales nunca ha sido para bien, ni siquiera para privilegiar la justicia distributiva; a la larga, todos pierden.
Tiene razón el presidente López Obrador en mostrarse más que satisfecho con el desenlace de la elección. Los resultados fueron muy generosos para él y los suyos; no le vendría mal un poco de humildad, un poco, aunque para él, ya se sabe, resulta difícil. Pero importan las decisiones, no los temas personales; las de él y las de la virtual presidenta son acelerar la transformación a su modo y buen entender; por lo pronto, imponiendo un modelo de justicia politizado, sometido a los factores de poder que influyen en la selección de los prospectos y, desde luego, en los votos, ajeno al principio básico confiable de autonomía del juzgador. Por eso no hay país democrático en el mundo que lo practique. Pero así votaron los ciudadanos y será la postura de la nueva legislatura. Sin duda, una involución mayúscula y eso sí debe preocupar.
Se habla que habrá un cambio en las formas. Los modos del presidente López Obrador son irrepetibles; pero no importa tanto, nuevamente, son las decisiones y adquiere relieve la decisión de la virtual presidenta de utilizar una encuesta a modo de consultar a los mexicanos sobre qué piensan de la reforma judicial. La precipitación en sí misma es cuestionable, también el método.
El uso de la encuesta no sirve para conocer la opinión del pueblo. De antemano hay una amplia inconformidad con el estado de la justicia en el país, sea patrimonial, familiar o penal. Cuestionarles si están de acuerdo en votar a los juzgadores tiene cifras sobre 70%. Inutilidad de la encuesta porque no plantea los dilemas auténticos sobre qué hacer para mejorar la justicia. No se trata de utilizar de manera maniquea los resultados de una encuesta para oponerla a la razón que vendrá de la postura de los especialistas, la judicatura, la experiencia o del sentido común.
López Obrador da por terminada la deliberación sobre el estado de cosas y el destino del Poder Judicial. Habla de corrupción desbordada y los casos más a la vista se relacionan con su gobierno y sus cercanos colaboradores o simpatizantes; remite sus insultos, calumnias e injurias al Poder Judicial Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ámbitos menos cuestionables. Por qué en este ejercicio de validación no se compara con el estado que guardan los ministerios públicos del país o los poderes judiciales de las entidades. La diferencia es mayúscula y favorable al ámbito judicial federal, por mucho.
De preocupar que haya sido iniciativa de la presidenta electa la idea de la encuesta porque es continuar por el camino de la manipulación y del engaño, hacerla de exégeta del pueblo para tomar una decisión que, ajena la calidad de la justicia, va más con la determinación de acabar con el poder judicial en su tarea de impartir justicia de manera imparcial, de hacer valer los derechos de las personas contra la arbitrariedad de las autoridades y la existencia de un órgano que salvaguarde la Constitución de actos de autoridad, particularmente los del presidente o decisiones legislativas contrarias a su texto.
Elegir jueces por voto directo no es fórmula para mejorar la justicia; pero sí un mecanismo para someter los juzgadores, por una parte, al presidente, factor para seleccionar a los prospectos y, por otra, a aquellos con mayor capacidad de movilizar votos y votantes, esto es, el partido gobernante.
Deben preocupar las pulsiones autoritarias actualizadas con la renovación política. El país ingresa a una nueva etapa; la elección no fue punto de partida, sino estación de paso en la que se acentúa el proceso de destrucción de las instituciones de la democracia. La preocupación por la pérdida de certeza de derechos no es exclusiva de los inversionistas, empresarios o especuladores con poder para presionar variables financieras, también es de muchos mexicanos que serán afectados al perder un bien fundamental, la justicia. Precisamente lo que debe preocupar.
