Federico Berrueto
El ejercicio del poder político es complejo en extremo. Más de lo que parece. No todo es materia de voluntad política. La realidad impone límites. Como nunca, al menos en su historia reciente, el país ha tenido un ejercicio vertical, autoritario y despótico del poder presidencial. Jamás un mandatario se había plantado con tal desdén a la pluralidad, a los equilibrios institucionales y a la idea de que el país es de todos y, por lo mismo, no hay un proyecto único ni exclusivo en la construcción del destino nacional.
A pesar de su pulsión autócrata, el presidente López Obrador ha debido hacer concesiones relevantes, muchas implícitas. Así, resolvió, incluso antes de tomar posesión, cancelar una obra fundamental para el país que era el hub aeroportuario de Texcoco. El objetivo fue claro, determinar quién mandaba y que estaba dispuesto a todo. El interés público y el objetivo social y económico de la obra se vieron severamente afectados, no así los intereses particulares de los constructores. A pesar de ser señalados como corruptos fueron debidamente indemnizados, incluso a no pocos de ellos se les asignaron proyectos de obra futuros. Una concesión nada menor y con un claro sentido de cooptación.
Otra de las concesiones relevantes del presidente tiene que ver con la militarización de la vida pública. Muy pronto el mandatario entendió las limitaciones propias de la burocracia civil y las reglas a las que estaba sujeta. Recurrir a los militares ofrecía al menos tres ventajas nada desdeñables: la primera, contar con un amplio cuerpo humano con prestigio social, entrenado para la lealtad, traducida por el presidente en obediencia; la segunda, acompañar a su actuación la discrecionalidad en la asignación de obra y contratos, sin importar opacidad y la falta de control administrativo al invocar el interés nacional, estableciendo un régimen de excepción, sin rendición de cuentas ni transparencia; y, tercera, asegurar la lealtad de la cúpula castrense.
La más oprobiosa de las concesiones es la concedida al crimen organizado. El presidente ha sido consecuente una y otra vez con la tesis de los abrazos y no balazos, así como la de atacar la criminalidad en sus causas, en su versión, la falta de oportunidades a los jóvenes y la pobreza, con resultados desastrosos para todos. Amplios territorios viven situaciones de violencia extrema y otros donde la paz se ofrece por el dominio total de un grupo criminal que lo mismo es recaudador, policía, juez y gran elector.
Las concesiones en no pocos casos vienen con contraprestación. Por parte de las empresas propietarias de medios de comunicación el trato preferente está condicionado a la política editorial. La autocensura prevalece y son suficientes las palabras del presidente de insatisfacción para que actúen en consecuencia. Con singulares excepciones la información que se genera es la reproducción acrítica de la versión oficial, en no pocas ocasiones vuelta grosera propaganda. El mandatario dispensa recurrentes insultos, calumnias y agresiones a los periodistas independientes, líderes de opinión e intelectuales.
Otra de las concesiones del régimen es hacia el gobierno norteamericano. El presidente dio un giro de 180 grados que partió de la irresponsable postura de hacer del territorio nacional un espacio abierto a todos los migrantes del mundo, a la de policía migratorio con el despliegue de la militarizada Guardia Nacional para contener, frenar y retenerlos. Sucedió en el gobierno de Trump; él y sus colaboradores han consignado públicamente el humillante sometimiento del gobierno de México a sus exigencias. Con el gobierno de Joe Biden cambiaron las formas, no la sustancia. En México las autoridades cumplen, no siempre con eficacia y rigor, con los requerimientos de control fronterizo del gobierno nacional del país vecino.
Las concesiones de López Obrador le han restado autenticidad y contradicen los fundamentos de su prédica progresista y humanista. El militarismo, la ausencia de autoridad, los privilegios de los de siempre, la falta de empatía hacia los más débiles o los más afectados por el estado de cosas le ponen en entredicho. Sus impulsos autoritarios no concluyen con su gobierno, deja no sólo una herencia de devastación institucional profunda que llevará mucho tiempo revertir, también ofrece un mandato de graves transformaciones constitucionales que significan la destrucción del edificio democrático que a todos pertenece y que le permitió a él y a los suyos acceder al poder.
