Federico Berrueto
Las reglas del juego político se centran en los partidos; lugar secundario guardan los candidatos, imprescindibles y objeto privilegiado de la intención de voto. Las prerrogativas, los derechos y buena parte de las obligaciones y sanciones remiten a los partidos, que tienen la representación en las mesas de votación, no a los candidatos. El régimen de candidatos independientes no prendió; difícilmente será significativo en las próximas elecciones federales y locales. Los partidos están desprestigiados aquí y en otras partes, pero siguen siendo los sujetos más relevantes de la política.
Queda claro, con excepción de Movimiento Ciudadano, que la contienda tendrá lugar en coaliciones de partidos. En el caso del oficialismo, el poder y la expectativa de conservarlo genera una cohesión interesada, eficaz, suficiente para resolver no sólo el tema de la selección de candidatos, también para dar prioridad a la elección presidencial y a su candidata Claudia Sheinbaum. El gobierno interviene a pesar de la imparcialidad a la que lo obliga la Constitución y la ética democrática, además, la determinación del presidente de actuar en el proceso hace de la competencia una elección de Estado, donde la equidad quedará en entredicho, con una autoridad electoral complaciente, vacilante o en el mejor de los casos débil. Los consejeros, casi todos, se les ve más interesados en hacerla de legislador que cumplir y hacer cumplir la ley.
La oposición enfrenta no sólo el reto del desprestigio o la debilidad de los socios que la suscriben. Entre los partidos coaligados las diferencias son evidentes; si no hay un esfuerzo de sinergia serán disfuncionales a los objetivos electorales propios y para la campaña presidencial. Los temas que justifican la unidad de los opositores son la amenaza de involución democrática que a todos por igual afecta, así como una propuesta de gobierno de coalición con el doble propósito de revertir la devastación institucional emprendida por el actual gobierno y de construir una nueva forma de ejercer el poder con un importante componente ciudadano. Debe quedar claro que la oposición ha sido omisa, perdiendo fuerza y credibilidad su planteamiento alternativo; no se trataba de ganar el poder por el poder, sino plantear una forma diferente de su ejercicio. Esto debiera estar en el centro de la atención, no la discusión un tanto estéril sobre el papel que deben jugar en la campaña presidencial los partidos o los ciudadanos.
Los comicios de 2021 muestran a un segmento importante del electorado, principalmente en las zonas densamente pobladas, que a partir del descontento con el orden de cosas rechaza a los candidatos y partidos oficialistas, perfil que se ratifica con la votación en el Estado de México en comicios pasados. Estos electores son difíciles de identificar en las encuestas convencionales de intención de voto; su conducta electoral se hace sentir al sufragar en contra de quien gobierna, independientemente de la calidad de las campañas y de la competitividad de los candidatos opositores. Su potencial no es menor, significa aproximadamente un tercio de los votantes y cien distritos federales.
Desde ahora se anticipa que el voto opositor estará dividido. Movimiento Ciudadano jugará el carácter de opositor de la oposición; su efecto permitiría que prevalezca la minoría mayor en las contiendas legislativas y estatales. Que Dante Delgado perfile a Marcelo Ebrard como candidato “ciudadano” y a Samuel García como candidato propio, ratifica la condición de partido funcional al régimen. En este sentido, la credibilidad y claridad opositora de Xóchitl Gálvez y del Frente se vuelven crucial, así como los términos en los que se realizará la contienda a manera de que el voto opositor urbano no sea confundido con una falsa alternativa.
La oposición debe centrar su discurso en la amenaza que representa el triunfo del régimen para la democracia y el régimen de libertades. Ha dejado pasar muchas oportunidades, como la evidencia aportada con Marcelo Ebrard del uso ilegal y delictivo de los recursos materiales y humanos del gobierno con propósitos electorales; también, la reciente embestida contra el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 1o de septiembre de 2024 el presidente López Obrador, a semanas de concluir su gobierno, presentará su propuesta de cambio de régimen: eliminar la autonomía e independencia del poder judicial y del INE bajo el pretexto de democratizarlos, militarizar plenamente la seguridad nacional y eliminar a la pluralidad en la representación legislativa.
