Lizeth ‘N’ y la ‘industria’ del fraude inmobiliario
Carlos Arredondo Sibaja
Hace varios meses -desde febrero pasado, para ser precisos- un nombre se volvió común en los reportes periodísticos de Vanguardia: Lizeth ‘N’. Se trata de una mujer a quien se acusa de haber realizado múltiples operaciones fraudulentas de compra-venta de inmuebles.
El lunes pasado, Lizeth fue vinculada a proceso dentro de la causa penal 1467/2022, abierta en su contra como probable responsable del delito de despojo. En este caso particular, revelado por Vanguardia en marzo anterior, la imputada se habría apropiado ilegalmente de una residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento San Alberto.
El inmueble, valuado en unos ocho millones de pesos, era rentado por su propietario a ejecutivos de empresas de la Región pero con la llegada de la pandemia ya no hubo clientes, lo cual fue aprovechado por Lizeth y un presunto cómplice, quien sería su pareja, para posesionarse de éste.
Fue a través de un grupo de WhatsApp, integrado por vecinos del fraccionamiento, como el propietario tuvo noticia de la ocupación de su casa y desde entonces, hace más de dos años, intenta recuperarla.
El propietario de San Alberto no es, sin embargo, la única víctima de Lizeth. A partir de la publicación de su caso, decenas de personas han hecho públicos múltiples hechos adicionales y con ello han puesto al descubierto una auténtica empresa de defraudación liderada por esta misteriosa mujer.
De acuerdo con las declaraciones de abogados de las víctimas el número de personas engañadas podría ser superior a 80 y las ganancias ilícitas obtenidas por Lizeth y sus cómplices rondarían los 100 millones de pesos.
¿Cómo ha podido una sola persona estafar a tantos y, al menos hasta ahora, salirse con la suya?
La respuesta es simple: porque no actúa sola. Muy lejos de tal posibilidad, conforme van apareciendo detalles de la trama va quedando cada vez más clara la existencia de una amplia red de complicidades en la cual participan notarios públicos y empleados de diversas dependencias.
Los abogados de las víctimas han señalado al menos a cinco notarios -con residencia en Saltillo y Ramos Arizpe- como partícipes de la conspiración gracias a la cual Lizeth y compañía lograron engañar a sus víctimas y convencerles de estar participando en una operación inmobiliaria legítima.
Una fuente de la Fiscalía General de Coahuila reconoció, en marzo pasado, la existencia de al menos 10 carpetas de investigación -abiertas en contra de Lizeth- las cuales ya han sido presentadas ante un juez, es decir, carpetas en las cuales las investigaciones apuntan hacia la comisión de una conducta delictiva.
No estamos pues ante un hecho aislado o ante la consumación de un “lance audaz” perpetrado por una persona a quien “le salió bien” un engaño. Estamos ante una empresa a gran escala cuyo desarrollo ha implicado corromper a notarios y servidores públicos.
Porque no basta la existencia de un fedatario corrupto para concretar los engaños de este tipo. Adicionalmente es necesario contar con la complicidad de quienes, en las oficinas del Catastro y el Registro Público de la Propiedad, deben expedir y certificar documentos para darle verosimilitud a las operaciones de compra-venta.
Están, por otro lado, las denuncias realizadas por las víctimas de Lizeth en el sentido de haber recibido amenazas para obligarles a desistirse de los juicios enderezados contra la defraudadora. Este hecho apunta a la posible existencia de otros cómplices capaces de intimidar a las víctimas.
¿Cuál es la razón por la cual los perpetradores de un fraude a esta escala se mantienen en la impunidad? La respuesta, como ya se dijo, está en la red de complicidades de la cual forman parte. Seguiremos en el tema.
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