Madres buscadoras: gritando en el desierto
Rubén Olvera
A finales de septiembre, los medios de comunicación dieron conocer que al menos 45 cuerpos habían sido encontrados en una fosa clandestina en Tacámbaro, Michoacán. Como es costumbre en México, el descubrimiento no fue realizado por las autoridades, sino por un colectivo de mujeres perteneciente a las llamadas madres buscadoras.
El número de mujeres buscadoras ha crecido durante la última década, y son más visibles en Guanajuato, Sonora, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, entre otros estados. Este incremento puede estar relacionado con el aumento de personas desaparecidas o a la falta de interés e ineficacia de las autoridades para investigar las denuncias.
La búsqueda de cuerpos se transforma de un drama numérico a una tragedia social, cuando escuchamos a la señora Ceci Flores Armenta, líder de las madres buscadoras de Sonora, suplicar piedad a los grupos delictivos, presumiblemente causantes de las desapariciones, antes que al Estado mexicano y sus autoridades.
Recientemente, con motivo de la desaparición de un padre que buscaba a su hijo en Hermosillo, la señora Flores emitió una declaración que debería cimbrar a las instituciones del Estado e inspirar la mayor indignación social: «Les ruego a los cárteles tengan piedad, no queremos nada más que encontrar a los nuestros. No nos maten».
¿Significa el ruego de la madre buscadora que la presencia del crimen organizado en algunas regiones del país ha superado el modelo de intervención del Estado para brindar seguridad, al punto que los colectivos piden clemencia a los cárteles antes de acudir a la justicia en busca de protección?
¿Estamos ante un Estado que presenta dificultades para investigar las denuncias, y por lo mismo, las autoridades no pueden ofrecer protección a las mujeres que, como último recurso, deciden arriesgar su vida para localizar a personas desaparecidas?
Ambas preguntas resultan un tanto ingenuas para las madres buscadoras, y espero que también lo sean para la sociedad, especialmente ante el aumento de denuncias de desapariciones y hallazgos de cuerpos, así como de las amenazas de violencia contra los colectivos de mujeres que salen a buscar los suyos.
La frase “No nos maten” evoca una sensación de inseguridad e impotencia. Estas tres palabras contienen preguntas, respuestas, denuncias, coraje y miedo, todo a la vez, salvo la resignación y el olvido. Vale la pena recordar el discurso de 1977 de una de las fundadoras del movimiento argentino, Madres de Plaza de Mayo: “Nuestros hijos (desaparecidos por el Estado), nos parieron”.
Para el Estado, en cambio, las palabras de la señora Ceci Flores deben servir como un fuerte, conmovedor y a la vez claro llamado de atención. Las personas desaparecidas y su búsqueda han dejado de ser un factor numérico, para convertirse en una preocupación social, ética y humana.
A pesar de que hasta el momento se han logrado avances significativos, incluyendo el establecimiento del registro de personas desaparecidas, la aprobación de una ley en la materia en 2017 y la instalación de unidades de búsqueda o fiscalías especializadas en los estados, la situación que enfrentan las madres buscadoras demuestra que los esfuerzos no han sido suficientes.
Por lo tanto, es necesaria una nueva política pública para mejorar la capacidad del Estado y brindar mayor protección a quienes buscan personas desaparecidas.
Lo más importante es el carácter “público” de la política, lo que significa evitar la revictimización y la exclusión, y dejar de lado protagonismos, politiquerías, fantasmas del pasado y estigmas ideológicos.
No hace falta decir que hay vidas en juego para exigir que el llamado de las madres buscadoras no se convierta en un grito en el desierto.
