Federico Berrueto
De alguna manera, toda gestión presidencial deja su impronta, su indeleble huella, para bien y para mal, en lo positivo y negativo. No hay virtud ni pureza, todo gobierno, más allá de sus pretensiones es la síntesis de claros y oscuros. En algunos casos los problemas o los logros son inmediatos, en otros son profundos y trascendentes. Por lo pronto, no habrá crisis económica y la política se resuelve en la medida en que haya un claro ganador y, particularmente, el reconocimiento de la no favorecida a la ganadora, lo que tendrá mucho que ver en los términos en los que se realice la contienda.
Difícilmente López Obrador tendrá un cierre de gobierno accidentado; sin embargo, deja dificultades sustantivas que comprometen la continuidad del proyecto político en términos de la expectativa presidencial, aún bajo el supuesto del triunfo de Claudia Sheinbaum. Son muchos los temas que requerirán revisión, unos por su inconveniencia, como la militarización o la respuesta pasiva al embate del crimen organizado. La polarización es un recurso político que, seguramente, se impulsará en el marco de la contienda; el problema es que las condiciones de enfrentamiento no van de la mano del buen gobierno ni del futuro del país.
En perspectiva, la polarización, heredada del pasado, fue condición natural del ejercicio del poder de López Obrador; fue útil para mantenerse como opción opositora creíble y, en su momento arrollar, resultado del deterioro del gobierno de Peña Nieto y de su enfrentamiento con el PAN en el último tercio de su gestión. Ya en el poder resultó funcional para blindarse de la crítica y de los malos resultados. La comparecencia matutina del presidente ante los medios devino en un grosero ejercicio de propaganda y de agresión a la prensa, a los órganos autónomos, a la movilización social no alineada a sus intereses, a los poderes públicos, a los partidos opositores, a los líderes de opinión… en fin, a cualquiera que no se alineara a su proyecto. Es decir, la construcción de un entorno de guerra total bajo una retórica y prédica que remite a las fijaciones autoritarias de la sociedad mexicana respecto al poder, además de la connivencia de los factores de poder y de la debilidad opositora.
La polarización difícilmente continuará, al menos en su sentido de guerra total. El estilo de ejercer el poder de López Obrador le viene de manera natural. No será el caso de Claudia Sheinbaum, mucho menos de Xóchitl Gálvez. Además, el presidencialismo exacerbado tuvo siempre una mayoría parlamentaria sometida a las pulsiones autoritarias del mandatario; situación que podría no estar presente en el próximo gobierno.
Uno de los aspectos a revisar, por razones de aritmética fiscal, será incrementar los ingresos para dar viabilidad al país. No se trata de generar recursos para fondear nuevos proyectos, sino de atender el déficit operativo de PEMEX y CFE, la creciente presión de las tasas de interés, el pago de pensiones contributivas y no contributivas, o las necesidades urgentes de inversión en infraestructura. Contener el deterioro del aparato público federal y el de las entidades y municipios obliga a una reforma hacendaria y a revisar los términos de la relación con el sector privado, músculo mayor para el crecimiento económico y para generar condiciones efectivas de bienestar para la población y un mejor desarrollo regional. La realidad económica puede mejorar sustantivamente si se toman las decisiones adecuadas y se ofrece certidumbre a la inversión privada.
La confrontación heredada entre poderes, especialmente del Ejecutivo al Poder Judicial Federal, se resolverá de acuerdo con la nueva integración del Congreso, si prevaleciera Claudia Sheinbaum presidenta y con mayoría suficiente para imponer la visión obradorista de reforma judicial. En tal supuesto, deberá estar presente el caso de Israel y de otros países que, al trastocar el sistema republicano de división de poderes, trasladó la lucha política a la calle.
Capítulo aparte será revertir la militarización de la vida pública, que las fuerzas armadas no pidieron y fuera de los beneficiarios nadie exige; se contrapone por igual al aliento de civilidad que llevó a la democratización del país, que a la larga lucha de los partidos y movimientos de izquierda. El 2 de octubre de 1968 es un registro histórico fundacional de lo que no se quiere: presidencialismo autoritario ni protagonismo militar en la vida pública.
