La danza de los millones
Julián Parra Ibarra
Ahora que Lorenzo Córdova ya no es más el Consejero Presidente del INE, quizá el presidente termine por entender que el monto que anualmente solicita el Instituto para ejercer en gastos ordinarios propios, así como la asignación de las prerrogativas a los partidos político, no era un capricho ni una ocurrencia de quien el principal inquilino de Palacio Nacional convirtió en uno de sus némesis favoritos.
El monto solicitado para cada ejercicio anual, se da con base en una fórmula que establece la propia Constitución, contenida en su artículo 141. Justamente los partidos políticos se amparan en la Carta Magna para conservar sus prerrogativas o ‘financiamiento público’ por decirlo de una manera más elegante, y éste solamente se puede modificar mediante una reforma constitucional, pero en estos momentos los tiempos electorales ya no alcanzan para que se promoviera, debatiera, discutiera y aprobara una eventual reforma, de tal forma que lo más seguro es que se quede como está establecido en el anteproyecto fue presentado por el propio INE.
El presupuesto solicitado por el INE –e integrado con base en la Constitución-, para las prerrogativas de los siete partidos políticos con registro y que habrán de participar en la elección del año entrante –la más grande de la historia-, es del orden de los 10 mil 444 millones de pesos -también el más alto en la historia de nuestro país-. Esto es 3 mil 655 millones de pesos más que los 6 mil 789 millones de pesos que se aprobaron en la pasada elección presidencial de 2018.
De ese monto, 6 mil 609 millones serían para las actividades ordinarias, de los cuales Morena recibiría 2 mil 046 millones de pesos, el PAN mil 126 y el PRI mil 201 millones; adicionalmente recibirían algo así como unos 3 mil 304 para gastos de campaña. El INE ha solicitado 666 millones más para gastos de campaña de los candidatos independientes, además de los 3 mil 568 millones de pesos incluidos en el ‘presupuesto precautorio’, el cual sería utilizado en caso de que se tuviera que realizar alguna consulta o hubiera necesidad de realizar alguna elección extraordinaria en algún distrito o entidad del país.
El total de los montos incluidos en el anteproyecto es de 37 mil millones de pesos, que sería el costo total del proceso electoral 2023-2024 para la renovación de la presidencia de la República. En la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año pasado –para ejercerse este 2023-, el INE sufrió un recorte de cerca de 5 mil millones de pesos, sin que se tocaran las prerrogativas de los partidos.
Sin mediar fórmulas matemáticas establecidas en la constitución –que además no les entendería porque poco o nada sabe de matemáticas, por eso las quiere eliminar de los libros de texto gratuitos-, el presidente ha pedido así nomás con el ‘tanteómetro’, que del presupuesto solicitado por el INE podría recibir un recorte de 10 mil millones de pesos.
Pero como ya no están de consejeros sus némesis Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y alguien le explica con palitos y bolitas, con dulces y caramelos, con naranjas y manzanas, el presidente logra entender que el incremento solicitado no es a contentillo, no es -como él comprenderá-, con base en ocurrencias y caprichos.
Respecto de la propuesta presidencial, la nueva presidenta Consejera del INE, Guadalupe Taddei, dijo que este anteproyecto responde exclusivamente a las atribuciones que se le han otorgado por ley al INE, y puntualizó que “(…) si del presupuesto de la Federación, el INE, como un órgano que garantiza la transición pacífica del poder, sólo requiere el 0.26%, en verdad es un país que debe de estar de manteles largos (…). La garantía de que todo sale con la certeza adecuada y en el momento que marca la ley, no tiene un costo, tiene un valor: la democracia en nuestro país tiene un valor”.
Uno de los argumentos que se pueden esgrimir en defensa del presupuesto planteado es que en relación con la anterior elección presidencial –del 2018-, el padrón de potenciales votantes creció en unos 9 millones de ciudadanos, y para el 2024 podrían acudir a las urnas unos 98 millones de votantes.
Ya veremos si el amago presidencial queda solo en eso, en un amago, puesto que ya no con consejeros sus némesis Córdova y Murayama; o si verdaderamente en el Congreso les aplican el recorte, y de ser así que la mayor parte de este fuera con cargo a las prerrogativas de los partidos que recibirían para esta elección 10 mil 4404 millones de pesos, esto es, 6 mil 789 millones de pesos más que los que recibieron para la elección de 2018. Si fuere así, seguro los diputados no votarían la reducción, no se van a dar un tiro en el pie.
@JulianParraIba
