Federico Berrueto
Todas las elecciones presidenciales son diferentes, unas más que otras. La de 2024 no guarda precedente a partir de muchas consideraciones. Sin duda será prueba de ácido para el sistema democrático, esto es, la capacidad de las autoridades, de las instancias judiciales, de los actores políticos y de los ciudadanos para que la competencia por el poder transite con normalidad en el marco de una polarización social, alentada desde la presidencia de la República con todas las consecuencias políticas y constitucionales que implica.
Desde ahora se anticipa que difícilmente como en 2018. López Obrador con arrolladora ventaja impulsó el triunfo de los suyos en las elecciones legislativas y locales. Un tema de la mayor importancia es que prácticamente todos los municipios renovarán autoridades. En no pocos habrá intentos de reelección, que conlleva condiciones de inequidad, previsible desviación de recursos y que intereses aviesos se impongan en el financiamiento de campañas. El INE carece de capacidad para contenerlo; en el caso del crimen organizado esta tarea atañe al gobierno federal, sin la menor posibilidad de que actúe al respecto, como se ha visto en elecciones pasadas. López Obrador ya dijo respecto a los criminales “se portaron bien” en la elección intermedia, mientas su presencia crece en la vida pública.
La singularidad del mandato del presidente es que de origen planteó un cambio de régimen; no se trató de ajuste o modificación a políticas públicas. La llamada cuarta transformación plantea un cambio radical que mayormente queda en la retórica y en la devastación institucional sin miramiento alguno. Bajo la maniquea tesis de que todo es producto del régimen neoliberal, buena parte es pasado a cuchillo, empezando por los órganos autónomos, además de una embestida sin precedente a la libertad de expresión, al Poder Judicial Federal, a la Corte y al Tribunal Electoral, instancias de justicia fundamentales para la salvaguarda de la Constitución. En nombre de un proyecto progresista el país ha vivido un severo retroceso político, económico, cultural y social.
El Congreso ha sido sometido por la incondicionalidad de la mayoría. De hecho, legislación relevante aprobada recientemente ha quedado comprometida por la ilegalidad en el proceso legislativo, que además se podría calificar como rudeza innecesaria, toda vez que Morena y sus aliados tienen los votos para la aprobación de leyes. De igual manera, partes importantes son deliberadamente inconstitucionales bajo el cálculo del presidente de que es difícil lograr los ocho votos del pleno de la Corte para revertir una ley inconstitucional.
Otro elemento de la singularidad de la elección que viene es el desdén de López Obrador a la ley y la connivencia de la presidenta del órgano electoral y sus pares recién designados, así como la actitud vacilante del Tribunal Electoral. AMLO violenta la ley y la Constitución al interferir en el proceso electoral y promueve que su partido y correligionarios se desentiendan de los tiempos legales, y alienta a los servidores públicos federales y locales alejarse del código de imparcialidad al que están jurídicamente obligados. Al escalar su ataque a terceros el presidente rebasa el ámbito electoral; divulgar información protegida es delito, también el desacato de determinaciones judiciales. López Obrador estira la liga, con su conducta pendenciera pone en riesgo su presidencia y el régimen institucional. Sus cercanos y publicistas en lugar de reconvenirlo celebran y aplauden la ilegalidad. Se suscribe la mentalidad de guerra con la que se desahoga la contienda. Todo se vale, la ley y la verdad son las primeras bajas; la ética prevaleciente es la de humillar y arrollar al adversario, al que disiente o critica.
Su propio partido y su candidato (a), además de la oposición tendrán que lidiar con la interferencia del presidente. Esto tiene implicaciones legales y altera premisas básicas para una contienda justa y con equidad. El poder presidencial da para mucho, como puede verse desde ahora, por el miedo de la autoridad electoral a López Obrador y la inexistente sanción por el desacato a las resoluciones del INE o del Tribunal. Tiene mucho que ver la práctica de importantes medios de comunicación que reproducen acríticamente los desplantes presidenciales; personas de influencia deshojan el calendario sin importar las consecuencias de la connivencia de sus representantes y la pasividad cobarde de muchos de ellos. Sin duda, la elección de 2024 será muy diferente.
