Federico Berrueto
Buena parte del objetivo de democratizar se centró en el derecho al voto, es decir, el respeto al sufragio efectivo. El origen revolucionario ya llevaba implícito que se trataba de votar en libertad, pero también de ser votado, reclamo de origen maderista.
El tema ha evolucionado y con la normalidad de la democracia electoral, la alternancia y el arribo de la pluralidad, especialmente, el fortalecimiento del sistema de partidos, que ha involucionado en partidocracia, la exigencia del derecho a ser votado se ha ciudadanizado en el sentido de que quien desea acceder a una candidatura tenga la oportunidad justa de ser postulado por el partido de su preferencia.
La partidocracia aleja a los partidos de los ciudadanos, que se revela de manera importante en la exclusión y en la decisión discrecional en la asignación de candidaturas. La democracia interna de los partidos está ausente en el discurso político convencional; como bien se dice, los partidos han transitado por la democracia, pero no la democracia por los partidos, incluso ha habido involución como el caso del PAN, el partido históricamente más avenido a procesos competidos para designar candidatos.
Las candidaturas independientes han mostrado un resultado marginal y excepcional. Ciertamente, dieron lugar a que en Nuevo León en 2015 un candidato sin partido que lo postulara venciera a los dos partidos dominantes del escenario político. Caso singular en el tiempo, aunque sin resultados que acrediten a la figura de la candidatura independiente, a grado tal que son muy escasos los aspirantes que deciden competir por esa vía, en buena parte porque el sistema electoral y el de representación, como en todos lados, está fundado en partidos.
Los partidos son fundamentales en la democracia al tener el monopolio de la representación política, además de contar con una serie de privilegios que la sociedad otorga para que cumplan su tarea. Por esta misma consideración deben tener obligaciones propias de su condición de entidades de privilegiado interés público, entre éstas, dar oportunidad al derecho de ser votado en condiciones de equidad y justicia, tema no discrecional, que debe ser impuesta por la ley y por la autoridad. Cabe señalar que la reforma de 2007 involucionó al respecto, determinando que la selección de candidatos es un asunto interno de los partidos.
En la convocatoria de Morena, además de su ilegalidad por destiempo, muestra la exclusión. Quienes tienen derecho a participar es por decisión discrecional de los partidos. No es desafortunado que participen aspirantes del PT y PVEM además de cuatro de Morena, la cuestión es que la convocatoria normaliza la exclusión y la discrecionalidad. Para muchos observadores es normal y aceptable la exclusión como punto de partida.
No debe sorprender en las dirigencias de los partidos de oposición su resistencia a incursionar en una modalidad de selección del candidato presidencial a través de un proceso interno incluyente y competido, a pesar de que ese método otorgaría un activo de legitimidad a la persona postulada. Más aún, se presenta la oportunidad de que el proceso democrático no sea organizado por las mismas estructuras partidistas, sino que una entidad ciudadana integrada por personas con prestigio, independencia y experiencia reconocida, pudiera ser la responsable de organizar una elección primaria ejemplar, como momento de partida para construir una candidatura competitiva y un punto de quiebre en la tradición autoritaria de definición de candidatos.
Democratizar la designación del candidato presidencial no es un tema menor, tampoco de oportunidad política. Llevarlo a cabo con éxito representaría un nuevo momento de la democracia mexicana y una manera de hacer valer el derecho de ser votado. La elección primaria es la fórmula idónea porque permite conciliar inclusión, legitimidad, participación y ciudadanización de los procesos políticos. Se trataría de aproximar a las desacreditadas organizaciones políticas y el reciente impulso ciudadano de la renovación de la política. No se trata sólo de defender a las instituciones que hacen valer el voto y la legalidad, como son el INE o la Corte, sino de apuntalar a la democracia como dique ante los alientos recientes del autoritarismo.
