Federico Berrueto
El régimen político cambió. La concentración de poder significa que mucho ahora dependa de la presidenta Sheinbaum, pero también hay un entorno desafiante en extremo en tres planos: la inseguridad pública, el frente exterior y la economía. Cada uno representa una amenaza mayor de no actuar con acierto. La democracia mexicana como era conocida -poder presidencial acotado y desconcentrado, constitucionalidad por un Poder Judicial Independiente, pluralidad en la representación política, órganos electorales independientes, etcétera-, queda atrás. Se recupera el poder presidencial vertical y articulador de todo lo público. Pero no es el regreso al pasado no democrático, el país ingresa a un terreno inédito hacia el autoritarismo. La militarización de la vida pública, la polarización y la popularidad de quien detenta la presidencia son las nuevas coordenadas. Nada que se le parezca.
El poder judicial ha sido destruido. En este año habrá de integrarse la primera parte a través de una elección directa de juzgadores. El desdén del régimen al proceso, a pesar de su importancia y de que fue decisión suya emprenderlo, queda en evidencia con la imposición de tiempos estrechos y restricciones presupuestales de consideración, ante una autoridad electoral penosamente sometida, que difícilmente puede articular resistencia o reclamo por la falta de apoyo. Es una elección destinada al fracaso por la previsible baja afluencia a las urnas; la modificación de los centros de votación, el diseño en su conjunto es un absurdo. La boleta lo muestra. La realidad es que el modelo de elección hace imposible lo fundamental, un voto ciudadano informado y con presencia suficiente para que sea representativo de la sociedad. De por sí la determinación de elegir juzgadores con voto popular es discutible, mucho más la definición del proceso electoral, no sólo la jornada, sino todo lo que le antecede, sin considerar las dificultades para resolver las impugnaciones antes, durante y después de la elección.
Antes de concluya el mes de enero el presidente Trump y los suyos llegarán al gobierno norteamericano. La apuesta de la presidenta Sheinbaum es que Trump 2 es una reedición de Trump 1. Ya se sabrá qué tan acertado es, especialmente en el sentido de que será fácil entenderse a partir de concesiones nada mayores como fue que México tuviera que sellar sus fronteras de los migrantes con el despliegue masivo de la Guardia Nacional ahora militarizada, así como conceder la condición de tercer país seguro para los migrantes de otras nacionalidades. El gobierno mexicano se equivoca si asume que mucho de lo que propone Trump no lo llevará a cabo porque es contraproducente para los mismos norteamericanos. Lo mismo ha hecho el obradorismo en muchas de sus propuestas. Cuando se imponen las ideas fijas difícilmente se cambia el rumbo.
México está en condiciones de acentuada dependencia de EU y quienes arriban al poder obligarán a concesiones mayores en materia migratoria, seguridad y comercial. El país puede hacer mucho para transitar a la nueva relación, incluso recibir cientos de miles de migrantes, muchos de ellos huyeron por la inseguridad, pero no para cambiar los términos de la relación económica en sus fundamentos y en materia de seguridad las concesiones que se esperan vulneran a la soberanía nacional.
La mayor debilidad de México está en el plano de la seguridad. En este gobierno ha habido cambios relevantes respecto de la prédica de abrazos no balazos, pero los resultados persisten; evidente la penetración del crimen organizado en el tejido social, económico y político. La connivencia está a la vista y no sólo tiene que ver con los eslabones más débiles de la cadena institucional, los municipios y los estados; está presente en el ámbito nacional. Una embestida en todos los frentes contra el crimen organizado es urgente y su ejecución no debe hacerse para complacer o tranquilizar al vecino del norte, es por necesidad propia. La economía está en condiciones críticas resultado del abuso por el desborde del gasto público para ganar la elección en las mejores condiciones posibles. El propósito electoral se alcanzó, pero dejó a las finanzas públicas en condiciones precarias. El déficit fiscal es una de las herencias, un problema superado desde hace treinta años que ahora amenaza regresar el país a la inestabilidad macroeconómica. Su gestión impone un costo social que no alcanza a dimensionarse, pero que cobra factura en la debacle de la infraestructura social, que perjudica más a los que menos tienen.
